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MATEO BALÍN
Miércoles, 6 de noviembre 2019, 00:11
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madrid. El conflicto de alta intensidad abierto entre la mayoría de la Mesa del Parlament catalán, con su presidente Roger Torrent a la cabeza, y el Tribunal Constitucional sumó ayer otro nuevo capítulo. Esta vez, a cuento de los últimos acuerdos aprobados por el órgano que dirige la Cámara autonómica.
El pleno del Constitucional, por unanimidad de sus integrantes, decidió suspender de forma cautelar las resoluciones de la Mesa sobre el derecho de autodeterminación, la pretendida soberanía del pueblo catalán o la reprobación a la Monarquía. Lo hizo tras admitir los tres incidentes de ejecución de sentencia que el Gobierno en funciones presentó la pasada semana contra estos acuerdos.
La reunión de los magistrados se produjo de urgencia para responder a la petición de la Abogacía del Estado. Se hizo después de que el pasado 22 de octubre se consumara otra propuesta de la mayoría independentistas de la Mesa, representada por Junts per Cat, ERC y la CUP, en la que se rechazaba la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés'. Era el enésimo acuerdo parlamentario congelado por el Constitucional hasta que dicte sentencia.
No obstante, el Ejecutivo socialista también pidió a la corte de garantías que se dirigiese a la Fiscalía en el caso de que considerase que los miembros de la Mesa podían haber incurrido en un delito de desobediencia (conlleva inhabilitación para cargo público), si bien el Pleno rechazó ayer por el momento acceder a esta petición.
Volvió, por lo tanto, a advertir personalmente de las posibles consecuencias penales al presidente de la cámara Roger Torrent -por tercera vez ya-, al secretario general Xavier Muro y al resto de los miembros de la Mesa, independentistas y constitucionalistas: Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez, Laura Vílchez y Adriana Delgado.
Torrent, uno de los hombres clave de ERC en la actualidad, salió al paso tras conocer el nuevo movimiento del Constitucional y manifestó que seguirá tensando la cuerda porque no piensa obedecer. En el Parlament «se debe poder hablar de todo» y tildó de «intentos de censura» las impugnaciones a resoluciones sobre monarquía o autodeterminación. «Es la libertad de expresión de los diputados y se protege así también los derechos de los ciudadanos a los que representan», defendió.
«El Gobierno focaliza en mí la responsabilidad y las decisiones de la Mesa. Hay una voluntad de individualizar la responsabilidad, pero lo que no sabe o entiende el Gobierno es que esos debates seguirán vivos en la sociedad catalana. No es cuestión de un presidente u otro», añadió ayer en el Parlament.
En su particular desafío político, Torrent instó al presidente Pedro Sánchez a dejarse de «persecución parlamentaria» y «sentarse a hacer política a una mesa de diálogo». Por otro lado, tildó de «absoluta anormalidad» el hecho de que «el Constitucional se reúna de urgencia para amenazar de nuevo a la Mesa y al presidente del Parlament».
Este conflicto entre el máximo intérprete de la Carta Magna y la Mesa tienen visos de acabar más temprano que tarde en los tribunales. Algo similar al procedimiento abierto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra Quim Torra por un delito de desobediencia. El presidente de la Generalitat será juzgado el próximo 18 de noviembre por la querella de la Fiscalía tras incumplir las órdenes de la Junta Electoral Central sobre la retirada de los lazos amarillos de las sedes de la administración catalana en la campaña de las pasadas municipales.
En esta causa, Torra se enfrenta a una petición de pena del Ministerio Público de un año y ocho meses de inhabilitación especial y a una multa de 30.000 euros por «desatender abiertamente» las citadas órdenes del órgano superior que garantiza la transparencia del proceso electoral.
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