Torra declarará el 15 de mayo como investigado, en plena campaña electoral

Torra preside ayer la reunión del equipo electoral de Junts per Catalunya. :: Marta Pérez / efe/
Torra preside ayer la reunión del equipo electoral de Junts per Catalunya. :: Marta Pérez / efe

Está imputado por un delito de desobediencia por no acatar la orden de la Junta Electoral de retirar los lazos amarillos

C. REINO

barcelona. Quim Torra declarará el 15 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado por un delito de desobediencia por negarse a retirar los lazos amarillos de edificios públicos. La Sala Civil y Penal del tribunal catalán ofreció la semana pasada a la Presidencia del Gobierno catalán diferentes fechas posibles para la comparecencia, tanto en mayo como en junio. Desde el Palau de la Generalitat respondieron que su preferencia era el 15 de mayo, en plena campaña electoral, y el juez instructor ha accedido a la petición del presidente de la Generalitat.

Artur Mas, siendo presidente de la Generalitat, compareció en octubre de 2015 para declarar en ese mismo tribunal como imputado por el referéndum del 9-N. El independentismo convirtió la cita en un acto de presión a la justicia. En esta ocasión será también un mitin político pues tendrá lugar en la primera semana de la campaña electoral de las municipales y las europeas.

Torra podía acogerse a su derecho a declarar en su despacho oficial, pero el independentismo ha preferido repetir las imágenes de miles de secesionistas concentrado frente a las escalerillas del tribunal.

«Iré a defender la libertad de expresión y a asumir las consecuencias», afirmó Torra en un tuit minutos después de firmar la citación. «La Junta Electoral ya ha demostrado la parcialidad y la arbitrariedad de sus decisiones. No lo podemos aceptar», remató. El presidente de la Generalitat, en caso de ser condenado, podría ser inhabilitado del cargo durante dos años.

El pasado 27 de marzo, la Fiscalía de Cataluña presentó una querella contra Torra por un presunto delito de desobediencia por no acatar la orden de la Junta Electoral que le obligaba a retirar los lazos amarillos y las 'esteladas' de los edificios de la Generalitat.

La Fiscalía le acusa de haber incumplido «consciente, abierta y reiteradamente» lo decidido por la Junta Electoral en sus acuerdos del 11 y 18 de marzo 2019. Días después, acabó retirando la simbología soberanista de las fachadas de los inmuebles públicos, aunque lo hizo fuera de plazo.