Torra deja en manos del Parlament y de la calle la respuesta a la sentencia

En el primer escenario, la sociedad civil prepara tres días de movilizaciones con el objetivo de paralizar Cataluña y provocar una «crisis generalizada» en el Estado español. El presidente de la Generalitat llamó hoy a la movilización y a dar una respuesta social sobre la base de la «desobediencia civil».

Las protestas comenzarán en cuanto se dé a conocer el fallo judicial. Está por ver si se producen disturbios y cuál es el nivel de participación en las movilizaciones. En el seno del independentismo conviven dos almas. Por ejemplo, Toni Comín, huido con Puigdemont en Bruselas, instó hoy a buscar el «desgaste económico del Estado». En cambio, la consejera de Empresa, Àngels Chacón le replicó que atacar la economía española perjudica también a Cataluña. Torra, en cualquier caso, aseguró que los Mossos garantizarán los derechos tanto de los que quieran manifestarse como de los que quieran ir a trabajar o desplazarse por el territorio.

La segunda pata de la reacción del independentismo tendrá lugar en la Cámara catalana. El jefe del Ejecutivo catalán lleva semanas deshojando la margarita. Aun así hoy empezó a dar algunas pistas sobre la reacción que tiene en mente. El Parlamento autonómico, dijo, deberá dar una respuesta basada en «la democracia, los derechos humanos y el derecho a la autodeterminación», pues a su juicio la sentencia será un «torpedo contra la convivencia» en Cataluña.

La reacción será, según avanzó, firme, serena, con responsabilidad, determinación y sin salirse del «único camino» posible, que es el del «voto y la palabra». Fuentes independentistas apuntan que la respuesta institucional que pide Torra pasará por una declaración solemne del Parlament, que deberán votar los grupos políticos.

La incógnita es qué quiere decir con una respuesta basada en el derecho de autodeterminación. En su entorno, no descartan nada y aseguran que el presidente catalán no tiene miedo a que le caiga una nueva querella (el 18-N será juzgado por desobediencia por no retirar a tiempo la pancarta a favor de los presos). El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en cambio, afirmó que la respuesta deberá tener mirada larga y mano tendida.

Fuentes próximas al vicepresidente descartan una declaración de independencia o un nuevo referéndum como el del 1-O, aunque también admiten que en el seno del Gobierno catalán existe una pugna por intentar frenar al presidente de la Generalitat al que en ocasiones ven que va «por libre».

La dificultad añadida que tendrán los menos radicales será que en periodo electoral les resultará más complicado contener a los que buscan una respuesta contundente por parte de la Cámara catalana como sería volver a votar las leyes de la desconexión o recuperar la declaración de independencia de 2017. En la línea del derecho de autodeterminación, la Cámara catalana ya ha aprobado numerosas declaraciones este año. En julio pasado, reafirmó la «defensa del ejercicio del derecho a la autodeterminación como instrumento de acceso a la soberanía del conjunto del pueblo de Cataluña», resolución que fue ratificada la semana pasada con los votos de JxCat, ERC y la CUP a pesar de que fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El concepto que empieza a desaparecer del lenguaje de los dirigentes secesionistas es el de desobediencia institucional, que llama al desacato. Si el martes, el Govern evitó hablar en esos términos, como acostumbraba Torra, quien eludió este martes esas palabras fue el presidente de la Generalitat, en la sesión de control al Gobierno catalán en la Cámara catalana. Lo que sí negó de forma categórica Torra es que pretenda abrir las cárceles, como en alguna ocasión no ha descartado. «Nunca he dicho que vaya a abrir las cárceles», afirmó en respuesta al PP.