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Susana Díaz se escuda en la ONU para defender los contratos con el Gobierno de Riad

La presidenta andaluza ve «compatible» la defensa de los derechos humanos con la construcción de los barcos en Cádiz

C. CUERDO

SEVILLA.

Jueves, 1 de enero 1970

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La crisis con Arabia Saudí ha explotado en el peor momento, en las puertas de una campaña electoral en Andalucía. Y el PSOE no está dispuesto a cargar con la losa de la pérdida de 6.000 empleos en Cádiz, una de las provincias más lastradas por el paro de toda Europa. Por eso, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no dudó ayer en recurrir a la ONU para fijar el listón de los comportamientos en materia de respeto a los derechos humanos, metiendo mas presión interna en su partido contra las voces que apoyan sumarse al plante de Alemania.

«Mi unidad de medida son las Naciones Unidas y la Declaración de Derechos Humanos, y en este momento, la ONU no ha determinado que no se puedan vender portaaviones, corbetas, camiones o armas a Arabia Saudí», señaló en una entrevista en Onda Cero.

La también candidata socialista volvió a defender la importancia del contrato para construir cinco corbetas en los astilleros de la Bahía de Cádiz. Es más, para Díaz la forma en la que se aborda el debate es una «hipocresía» porque existen otros países donde también se vulneran derechos, como Egipto, y los mismos países que ahora se plantan no se plantean suspender la venta de armamento en esos mercados. La líder del PSOE andaluz consideró que es «compatible defender los derechos humanos y los derechos de los trabajadores».

Un argumento que rechazaron desde Adelante Andalucía, la confluencia que aglutina a Podemos, cuyos dirigentes nacionales, con Pablo Iglesias al frente, piden revisar los acuerdos con Arabia mientras el alcalde de Cádiz, José Manuel González 'Kichi', guarda un llamativo silencio y pasa de perfil por un asunto en el que anteriores ocasiones se puso del lado de los trabajadores.

Su compañera y candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, dijo estar «cansada» del «chantaje» al que son sometidos los trabajadores de los astilleros, «o empleo o derechos humanos». Por eso, y tras recordar que fueron los anteriores Gobiernos nacionales de PP y PSOE quienes «llevaron a la ruina» a Navantia, reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que su responsabilidad es cumplir «los compromisos de carga de trabajo para los astilleros de Cádiz cumpliendo la normativa internacional de los derechos humanos».

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