El Supremo condena a España por no cumplir con su cuota de refugiados

De los 19.449 solicitantes de asilo que el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a acoger apenas llegaron 2.500

ANDER AZPIROZ MADRID.

El Tribunal Supremo convirtió ayer a España en el primer estado de la Unión Europea en ser condenado por incumplir la acogida de solicitantes de asilo dictada por las autoridades comunitarias en 2015, cuando Bruselas optó por establecer unos cupos de migrantes para cada país en función de su peso económico y su población para aliviar la presión sobre Italia y Grecia, cuyos campos de refugiados se encontraban por aquel entonces al borde del colapso.

A España se le asignó la tercera mayor cuota de acogida, tan solo por detrás de Alemania y Francia. El Gobierno de Mariano Rajoy debía gestionar un total de 19.449 solicitudes antes de septiembre de 2017. Pero según reveló un informe de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, a fecha de 4 de marzo de 2018 Madrid tan solo había ofertado 2.500 plazas, lo que supone apenas un 12,85% de lo pactado con Bruselas.

Este incumplimiento llevó a la ONG Associació de Suport a Stop Mare Nostrum a presentar un recurso contencioso administrativo que ha sido estimado parcialmente. El alto tribunal considera que las decisiones comunitarias sobre el reparto de refugiados eran de carácter vinculante y obligatorio, por lo que no llevarlas a cabo implica «la condena al Estado español a continuar la tramitación en los términos previstos en las decisiones y de conformidad con los acuerdos que en lo sucesivo adopten las instituciones comunitarias».

Es decir, el Supremo obliga al Gobierno, ahora presidido por Pedro Sánchez, a tramitar las cerca de 17.000 plazas de asilo a las que se comprometió ante Bruselas y que no han sido adjudicadas entre los migrantes que se encuentran en los campos de Grecia e Italia. El alto tribunal también destaca que existía la opción de que los socios comunitarios solicitaran una reducción de su cuota de hasta un 30%, pero España decidió no acogerse a tal posibilidad. De esta forma, añade, se concluye que España «ha incumplido sus obligaciones de ofertar y de hacer efectivas las reubicaciones a las que estaba obligada».

Pese a la condena, en la sentencia se rebajan en parte las responsabilidades de España. De hecho, se reconoce que desde Madrid se han realizado peticiones a los Gobiernos de Atenas y Roma que «no han merecido la respuesta obligada, lo que pone de relieve un elevado índice de incumplimiento en las labores de coordinación que las decisiones (de la Comisión Europea) exigen para el logro de sus objetivos». El Supremo apunta con esta matización también a las autoridades comunitarias, duramente criticadas por los gobiernos nacionales por no haber sabido atajar una crisis humanitaria que ha puesto en jaque los valores fundacionales de la UE. Precisamente, cuando las críticas arreciaban, el Ejecutivo de Rajoy aludió a las dificultades técnicas para traer a España a los demandantes de asilo.

Fracaso europeo

España figura en el vagón de cola en cuanto a la acogida de solicitantes de asilo aunque hay otros países cuyos incumplimientos han sido mucho más graves. Hungría, República Checa y Polonia rechazaron desde un primer momento recibir a un solo refugiado, algo que podría acarrearles sanciones por parte de las autoridades de Bruselas. Otros socios como Malta, Irlanda o Finlandia acogieron casi al cien por cien de las personas asignadas, si bien sus cuotas eran reducidas.

En líneas generales, el reparto de refugiados se ha saldado con un rotundo fracaso. De las 160.000 personas que se debía haber reubicado en septiembre de 2017 apenas se llegó a las 30.000, según denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su informe anual.

Ahora la UE y sus líderes políticos busca nuevas fórmulas para asumir un flujo hacia sus fronteras mediterráneas que, no obstante, se ha reducido de forma drástica tras el acuerdo con Turquía, por el que Ankara retiene a los migrantes en su territorio a cambio de fondos europeos. Entre las últimas propuestas se baraja crear centros de internamiento fuera del territorio comunitario -una medida que plantea serias dudas sobre el respeto de derechos humanos- o la creación de puertos seguros cuya gestión correría a cargo de Bruselas y no de los estados.

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