Sánchez intenta encauzar al secesionismo hacia una reforma del Estatuto catalán

La propuesta no es inédita y lo que se sometería a votación es un nuevo Estatuto de Cataluña. Hace tiempo que el PSOE sitúa en el origen de la crisis catalana el recurso del PP contra la norma autonómica que llevó al Tribunal Constitucional en 2010 a recortar 14 artículos e interpretar otros 27. Esa resolución judicial alteró el texto que ya se había ratificado en referéndum. «Cataluña ahora mismo tiene un Estatuto que no votó -subrayó ayer Sánchez en una entrevista en la Cadena Ser-, y, por tanto, hay un problema político, sí lo hay».

El presidente rehusó concretar su oferta, aunque los socialistas la anticiparon en 2013 en Granada, bajo la batuta de Alfredo Pérez Rubalcaba, y la volvieron a poner negro sobre blanco junto al PSC el año pasado en la «Declaración de Barcelona». En ese documento se apuesta por una reforma de la Constitución de corte de federal, que reconozca el carácter «plurinacional» del Estado y convierta el Senado en una auténtica cámara territorial. Y, en segundo lugar, se promueve una modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña -con su consecuente ratificación en las urnas- que haga posible recuperar algunas de las cuestiones suprimidas.

Es obvio que el PSOE carece de la mayoría necesaria para culminar con éxito esta empresa. Pero Sánchez la expuso ayer como única alternativa, a su entender, al referéndum de ruptura que exigen las fuerzas secesionistas. «Hay que intentar buscar una solución política y el hecho final tiene que ser una votación, pero esa votación no puede ser por la autodeterminación, sino por el fortalecimiento del autogobierno», argumentó sin aportar más detalles.

Fuentes gubernamentales subrayaron la «oportunidad» de rescatar la propuesta. Sobre todo, cuando Quim Torra inaugura hoy el curso político en Barcelona con un discurso que se teme poco comedido. La semana pasada Sánchez ya reclamó «inteligencia» al presidente de la Generalitat y ayer le invitó a no «repetir los errores» del otoño de 2017, cuando los secesionistas culminaron su proceso con el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia. Es más, le pidió «poner de su parte» y contribuir a «curar» heridas. La receta, advirtió, sólo puede ser «ley y diálogo». Y aparcó el 155 para un escenario en el que se pase de la «retórica inflamatoria» a los hechos.

Sin embargo, ahora que el secesionismo estudia los siguientes pasos para implementar una república en Cataluña, la reforma estatutaria se queda muy lejos de lo que esperan los independentistas. Esa, replicó ayer la consejera de Presidencia de la Generalitat, es «una pantalla superada». Elsa Artadi defendió que «el consenso amplio es sobre el derecho a decidir». Y la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, reclamó «valentía» a Sánchez para poner sobre la mesa un referéndum de autodeterminación.

La propuesta del presidente también provocó el malestar de las fuerzas de centroderecha, que se desmarcaron del Ejecutivo. El líder del PP exigió explicaciones inmediatas sobre el referéndum que pretende Sánchez y descartó que queden competencias que traspasar a la Generalitat. «Si hay una consulta de autodeterminación, aunque la llamen de autogobierno, este Gobierno está incapacitado para seguir», advirtió Pablo Casado. El representante de los populares catalanes, Xavier García Albiol, denunció, además, un «pacto oculto» con Torra.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se preguntó si lo que se plantea es «otro estatuto inconstitucional», lo que tachó de «barbaridad», y reclamó aplicar de nuevo el 155.