Sánchez afronta ahora el pulso de la calle tras amarrar la legislatura con el Presupuesto

Las protestas de los trabajadores del sector del metal de Cádiz fueron solo el inicio de lo que está por venir. En plena crisis de suministros, los transportistas han anunciado paros antes de Navidad en protesta por el aumento del precio del combustible, y han avisado de que podrían ir a la huelga indefinida.

Hay más. El campo está en pie de guerra por los bajos precios de los productos agrícolas. Miles de agentes de la Policía y la Guardia Civil inundaron Madrid en protesta por la reforma de la 'ley mordaza'. La factura de la luz bate récord tras récord y la inflación se ha desbocado (el aumento registrado en noviembre no se veía desde 1992). Las consecuencias pueden repercutir no solo en las grandes industrias, sino también en los autónomos.

También están la reforma de las pensiones y la laboral. Unas negociaciones que sigue atentamente Bruselas. El Gobierno debe hacer un ejercicio de funambulismo entre sus exigencias y las demandas de la calle. A pesar de que se ha aprobado una revalorización de las pensiones del 2,5%, los pensionistas la consideran insuficiente.

Por otra parte, Unai Sordo, líder de CC OO, ha amenazado con movilizaciones «de alto voltaje» si no se aceptan sus condiciones en la negociación de la reforma laboral. Y en medio, la variante Ómicron ha vuelto a hacer saltar todas las alarmas.

«Es la tormenta perfecta», sintetiza la politóloga de la Universidad de Zaragoza Cristina Monge. «Se han descongelado los conflictos que estaban latentes». Algunos vienen de atrás, como el de Cádiz, «pero resurgen con más virulencia por el aumento de las desigualdades provocado por la pandemia», explica.

A ello hay que sumar los conflictos derivados de la crisis sanitaria, como el de los suministros, «y transformaciones disruptivas como la energética y la digital», analiza la politóloga Eva Silván. «El Ejecutivo está desgastado por la gestión de la crisis sanitaria, pero también hay fatiga a nivel ciudadano», señala.

No obstante, sí hay indicadores positivos. El paro lleva nueve meses seguidos de caída. Y, pese a que diferentes organismos han corregido a la baja las cifras de crecimiento, lo cierto es que la recuperación económica es innegable. El reto para el Gobierno es que esa mejoría llegue al bolsillo de los ciudadanos.

«El Gobierno debe de estar muy desconcertado», opina el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III Lluís Orriols. «Hay un cortocircuito entre la recuperación económica y el optimismo». Con eso en mente, la Moncloa ha movilizado a sus ministros. Pedro Sánchez ha doblado el número de Consejos de Ministros semanal para impulsar la actividad legislativa y llegar a tiempo antes de fin de año con el paquete de reformas comprometidas con la Comisión Europea para el desembolso de los fondos Next Generation.

Este contexto de incertidumbre económica y conflictividad social puede tener sus derivadas políticas. No hay que olvidar que las dos mayorías absolutas del PP en 2000 y 2011 llegaron después de fuertes crisis económicas. Fuentes de Génova consultadas por este periódico reconocen que lo que resta de legislatura se puede hacer largo (llegará hasta finales de 2023 o principios de 2024), pero tratarán de capitalizar el descontento y las consecuencias de la crisis.

Sin embargo, aún es pronto para hacer cábalas electorales. Lo importante es la política real. «A la gente lo que le preocupa es que suba el precio del pan y la gasolina», señala Monge. «En función de cómo se gestione eso y la evolución de la pandemia, habrá más o menos movilizaciones», zanja.