Ricardo Costa elude la cárcel a cambio de 192.000 euros y trabajo comunitario

Ricardo Costa llega al juicio del PPCV en la Audiencia Nacional en febrero de 2018. :: luca piergiovanni / efe/
Ricardo Costa llega al juicio del PPCV en la Audiencia Nacional en febrero de 2018. :: luca piergiovanni / efe

El juez de la Audiencia Nacional premia al exdirigente del PP valenciano por colaborar contra la corrupción y le evita cuatro años de cárcel

MATEO BALÍNMADRID.

La colaboración de Ricardo Costa en el 'caso Gürtel' ha tenido premio. El ex secretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV) ha eludido la condena de cuatro años de prisión dictada por la Audiencia Nacional en la causa de la financiación ilegal de su partido a cambio de una multa de 192.000 euros y 365 días de trabajo comunitario.

Así lo determinó en un auto de marzo pasado -conocido ahora- el magistrado José María Vázquez Honrubia, titular del Juzgado Central de lo Penal. Él mismo fue quien juzgó y castigó con cárcel a Costa. Pero su ayuda «de una manera excepcional» con la Justicia le ha valido no entrar en prisión. El juez, muy didáctico y partidario de beneficiar a los confesos, justifica que estas medidas de gracia contribuirán a «fomentar la colaboración para atajar la lacra de la denominada corrupción política o de los políticos».

Hay que recordar que Costa hizo una declaración sorprendente en el juicio, confesando que el PP valenciano que él dirigía junto al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se había financiado con dinero negro de empresas contratistas y que él lo supo desde el principio pero no hizo nada para evitarlo.

El hermano del exministro popular Juan Costa fue condenado en junio de 2018 a cuatro años de prisión por la financiación irregular de las campañas electorales del PP valenciano en 2007 y 2008. También fueron castigados con prisión la exgerente Cristina Ibáñez (tres años y cuatro meses), el exvicesecretario de la formación David Serra (tres años y ocho meses) y la extesorera Yolanda García (cuatro meses).

En el caso de Costa, el juez ya tuvo en cuenta el atenuante de confesión para imponerle esa pena -la Fiscalía reclamó siete años y nueves meses-, si bien ahora, ante la petición de la defensa, ha optado por librarle de la cárcel. Como la resolución es de marzo, fuentes jurídicas confirmaron ayer que el condenado ya ha abonado los 192.000 euros.

El magistrado está de acuerdo con la defensa, y así lo ha corroborado Anticorrupción, que después del juicio Costa «ha seguido colaborando con la Fiscalía y órganos judiciales cuando menos en tres procedimientos de análoga significación delictiva seguidos en Valencia».

Se trata de los casos relacionados con la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en la capital del Turia y del 'caso Imelsa', la empresa pública de la Diputación de Valencia.

También destaca la defensa de Costa que declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga el caso conocido como 'caja b' o 'papeles de Bárcenas' sobre la existencia de una contabilidad paralela en el PP. Su colaboración permitió «reordenar y ampliar la investigación», ya que el mismo juez reabrió la pieza cinco de 'Gürtel', por la que ya ha sido procesado Camps por un delito de prevaricación.

«Estas alegaciones defensivas son corroboradas por la propia Fiscalía Anticorrupción, que en su informe señala que el fiscal ha comprobado la conducta actual de colaboración con la Justicia, pues se ha constatado que Ricardo Costa ha protagonizado unos méritos que procede tomar en consideración», dice el auto.

«Por tanto, sí puede considerarse que esta relevante y continuada colaboración efectiva con la Justicia puede y debe enmarcarse en el principio esencial de reparación del daño, pues toda esta colaboración supone una disminución del resultado antijurídico del delito y es una forma de reparación del daño en cuanto procura una restitución del orden jurídico perturbado», concluye la resolución de Vázquez Honrubia, en la que el juez lanza un claro mensaje a todo aquel acusado que colabore con la Justicia en tramas de corrupción y repare el daño económico causado.