Los restos de Franco saldrán de la basílica del Valle de los Caídos antes de fin de año

El Consejo de Ministros aprobó ayer el decreto ley que modifica el artículo 16 de la Ley de Memoria Histórica para introducir un párrafo: «En el Valle de los Caídos solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda». Franco, que murió el 20 de noviembre de 1975 en el hospital de La Paz de Madrid tras una larga agonía, no encaja en esa disposición.

Esta es la fórmula que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez para blindar su compromiso de sacar el cadáver del dictador del complejo funerario a 50 kilómetros al noroeste de la capital sin arriesgarse a tener que desandar lo andado por demandas judiciales posteriores. Como ha ocurrido con el general José Sanjurjo, otro de los mandos del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, cuyos restos que fueron exhumados en noviembre de 2016 por orden del Ayuntamiento de Pamplona de la Cripta de los Caídos en la capital navarra, pero un tribunal admitió un recurso de su familia y ordenó que fueran devueltos.

La vicepresidenta Carmen Calvo, que reemplazó a la ministra portavoz, Isabel Celaá, defendió la utilización del decreto ley, una herramienta legislativa para casos de urgencia, porque «es urgente» sacar al dictador. Es incongruente, dijo, que siga allí 40 años después de la aprobación de la Constitución y porque el Gobierno no podía ignorar la moción del Congreso sin votos en contra de mayo de 2017 que instó al Ejecutivo a trasladar el cadáver, así como las recomendaciones de Naciones Unidas de julio de 2014 y el informe del grupo de expertos de noviembre de 2011. Todos planteaban la exhumación. «¿Cómo se puede tener la tumba de un dictador para su enaltecimiento junto a sus víctimas?», preguntó la número dos del Ejecutivo. «Tener allí la tumbra de Franco -prosiguió- supone una falta de respeto y de paz a las víctimas que están allí enterradas». De modo que, zanjó, «quien no quiera ver la urgencia pues que no la vea, pero ya vamos tarde. No se puede dar más vueltas sobre este asunto».

El decreto ley será publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado y se abrirá un plazo de 30 días para que el Congreso convalide el texto, que a continuación se tramitará en la Cámara como un proyecto de ley para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas a la Ley de Memoria Histórica. El Gobierno socialista quiere incluir nuevas disposiciones, y ese será el momento de debatir asuntos como la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas, una demanda de Podemos y Esquerra, pero que es desaconsejada por la mayoría de los juristas por la inseguridad jurídica que generaría. El Gobierno tampoco es partidario y Calvo recordó ayer que la ley de memoria ya declaró «ilegítimos» los tribunales y sus fallos.

Además del trámite parlamentario, el Consejo de Ministros del próximo 31 de agosto aprobará un acuerdo de incoación para abrir el procedimiento administrativo. A partir de ese momento la familia Franco, sus siete nietos en definitiva, podrá comunicar al Gobierno el lugar al que quiere trasladar a su abuelo. Si surgieran discrepancias entre ellos o se negaran a facilitar el destino final de los restos, el Gobierno decidirá en dónde se celebrará la nueva inhumación del dictador para darle «digna y respetuosa sepultura».

Un lugar que el Gobierno no revelará hasta el último momento para evitar exaltaciones a la figura del dictador o enfrentamientos entre partidarios y detractores. Un secreto que por las mismas razones será extensivo a la fecha de la exhumación. La Moncloa solo informará del traslado de los restos del dictador una vez que se haya llevado a cabo, tarea que se desarrollará de madrugada.