Puigdemont fía su suerte al precedente de tres senadores

Su abogado alegó que los parlamentarios acataron la Constitución mediante «documento fehaciente», pero obvió que ya habían comparecido en persona

MATEO BALÍN

madrid. El abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont presentó el lunes un escrito de siete páginas ante la Junta Electoral Central, que tiene su sede en el Congreso. El documento estaba acompañado de un acta notarial con la firma de los eurodiputados electos Puigdemont y Toni Comín, procesados en rebeldía en la causa del 'procés'.

Con este poder trataron de justificar su ausencia por la vigencia de la orden nacional de detención dictada por el juez del Supremo Pablo Llarena. No obstante, el abogado de ambos, Gonzalo Boye, y su procurador Javier Fernández consideraron que con este acta, en la que acatan «por imperativo legal» la Constitución, se daba por cumplido el trámite exigido por la Junta Electoral.

Entre los argumentos legales planteados por el letrado se decía lo siguiente: «Es claro que ni los artículos 108.8 ni el 224.2 de la LOREG (Ley Orgánica del Régimen Electoral) imponen que el juramento o promesa ante la JEC deba llevarse a cabo verbal o presencialmente». Y añadía, como ejemplo, que «resulta notorio» que en la sesión constitutiva del Senado, celebrada el 21 de mayo, el presidente Manuel Cruz dio cuenta de que Virginia Felipe Saelices, Marta Pascal y José Muñoz «habían prestado acatamiento de la Constitución mediante documento fehaciente, habiendo adquirido, con ello, la condición plena de senadores». Una situación similar, consideró Boye, a la de Puigdemont y Comín.

Por este motivo, explicó el abogado, la Junta Electoral debe someterse «a las exigencias derivadas de los principios de equivalencia y efectividad del Derecho de la Unión». Es decir, conminaba a la JEC a seguir el ejemplo del Senado, pese a que fuentes de la Cámara recordaron ayer que los órganos de representación son autónomos para decidir cómo se constituyen.

En el caso de los senadores citados por el abogado de Puigdemont, hay varias particularidades que se obvian en su escrito. Según el reglamento de la Cámara, el juramento o promesa de la Constitución en el Senado no exige que sea presencial. Sí es obligatoria, en cambio, la «entrega personal» ante la Secretaría General de la credencial expedida por la respectiva Junta Provincial.

En el primer caso, además, el acatamiento de la Constitución se puede hacer por «documento fehaciente», tal y como recoge la defensa de Puigdemont, pero solo en los casos motivados por «enfermedad o incapacidad física». Y fue en este supuesto en el que se enmarcó la tramitación realizada por Saelices, de Podemos, que tiene una atrofia muscular espinal y se mueve en silla de ruedas, y del socialista Muñoz, que se ausentó por «enfermedad grave». Pascal, de Junts per Catalunya, sí estuvo, pero se sometió a la Carta Magna por vía notarial.

En el caso de Puigdemont y Comín, la JEC articula que el acatamiento se debe hacer «ante» este órgano. Es cierto que no detalla si personalmente, y que esto podría ser interpetable. Pero para el juez Llarena sí era necesaria su presencia.