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El ex presidente catalán Carles Puigdemont. Efe
Puigdemont desdeña la reforma legal del Gobierno y exige a Llarena que retire su orden detención

Puigdemont desdeña la reforma legal del Gobierno y exige a Llarena que retire su orden detención

Insinúa que el juez prevarica al no remitir la causa a un juzgado de Barcelona y asegura en su recurso contra el auto de procesamiento que las acusaciones contra él «no tienen encaje en el ordenamiento penal de ningún estado democrático»

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Viernes, 20 de enero 2023, 13:48

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Ni frío ni calor. Carles Puigdemont desdeña la reforma legal del Gobierno que hizo desaparecer la sedición. El expresidente catalán, ajeno al gesto con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretendía allanar su retorno, no entra al debate de la cuáles deben ser las nuevas imputaciones por la intentona secesionista e insiste en insinuar que el juez del procés, Pablo Llarena, está prevaricando al no inhibirse a favor de un juzgado de Barcelona, ya que los eurodiputados, como lo es él, no son «aforados ni ante el Tribunal Supremo ni ante ningún otro órgano jurisdiccional».

El exjefe del Ejecutivo autonómico recurrió este viernes el auto de procesamiento de Pablo Llarena, en el que le retiró la acusación por el desaparecido delito de sedición y le procesó por desobediencia y malversación agravada, un ilícito, este último, que sí que podría acarrearle penas de prisión. El expresidente, en su escrito, reclama al instructor del Supremo que anule la orden detención contra él que todavía sigue vigente en España porque toda la acusación por su participación en la intentona secesionista de 2017 es de carácter «político» y las imputaciones del Alto Tribunal, además, «no tienen encaje en el ordenamiento penal de ningún estado democrático».

El recurso, que firma el letrado Gonzalo Boye, no entra tanto en valorar las nuevas imputaciones tras la reforma exprés del Código Penal como en tratar de desacreditar la causa del Supremo. Así, acusa al instructor de «excederse en sus funciones jurisdiccionales» con una «crítica inasumible al legislativo», en clara referencia a los reproches que Llarena introdujo en su auto contra la reforma penal que hizo desaparecer la sedición. «Dicho tránsito desde la función jurisdiccional a la política», denuncia, «es otra muestra más de la falta absoluta de imparcialidad que viene reflejando» el juez del procés.

El pasado 12 de enero, en su extensísima resolución de 71 páginas, Pablo Llarena no ahorró críticas al Gobierno y a su tesis de que había que reformar la sedición para armonizar el Código Penal con el de otros países europeos. «Las penas previstas para el delito de sedición eran plenamente homologables a las de nuestro entorno», zanjaba el instructor, quien, además, recordaba que el tribunal que juzgó el procés, en su informe sobre los indultos señaló que, al margen de la denominación con la que cada Estado criminaliza hechos similares, «su carácter delictivo es incuestionable en todos los países de nuestro entorno, como lo es la relevancia de las penas previstas para comportamientos de esta naturaleza».

«Juez prestablecido»

El pilar del recurso de Puigdemont es cuestionar la competencia del instructor para investigar los hechos. Asegura que su negativa a dejar en manos de la justicia ordinaria este asunto al ser Puigdemont eurodiputado y no estar aforado ante ningún órgano jurisdiccional «vulnera el derecho al juez preestablecido por la ley, así como el derecho a la doble instancia penal».

El escrito llega a acusar al instructor de «saltarse la propia jurisprudencia de este Tribunal Supremo creando una situación ad-hoc para el caso de los eurodiputados independentistas catalanes».

Por ello, y más allá de cualquier debate sobre las nuevas imputaciones forzadas por la reforma legal, Puigdemont exige a Pablo Llarena que deje definitivamente el caso por falta de competencia y que anule «todas las actuaciones efectuadas con posterioridad a la adquisición de su condición de diputado al Parlamento Europeo». O sea, desde 13 de junio de 2019. El recurso incidente en que el juez del Supremo debe remitir cuanto antes las actuaciones a los Juzgados de Instrucción de Barcelona, entre ellas, el nuevo auto de procesamiento, dando a entender que debería ser la justicia ordinaria la que decida, llegado el caso, de qué se podría acusar ahora al expresidente de la Generalitat.

El recurso insiste en que Llarena tampoco sería competente para dictar la orden nacional de detención que sigue en vigor, dada la condición de eurodiputado de Puigdemont, por lo que le apremia a dejarla sin efecto, ya que gozaría de inmunidad como miembro del Parlamento Europeo.

El líder independentista reclama igualmente en su escrito que, en caso de que no se estime su recurso, se remita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una batería de cuestiones prejudiciales. Entre otros asuntos, insta a que se pregunte si el Tribunal Supremo es el órgano competente para llevar una causa contra un eurodiputado, como es el caso de Puigdemont.

Llarena se vio obligado a reformular el procesamiento y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y los demás prófugos del 1-O para ajustarse a la reforma penal que entró en vigor el pasado 12 de enero. Ese mismo día, el magistrado del Supremo acordó cambiar la desaparecida sedición por desobediencia, descartando que los hechos encajaran en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y mantener la malversación agravada, desechando las nuevas versiones atenuadas.

Cascada de recursos

La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí fue la primera en combatir el auto de Llarena. Procesada inicialmente por sedición, alega que no puede ser imputada «de golpe» por desobediencia, a lo que anuda que, en cualquier caso, el delito estaría prescrito.

El también ex consejero Lluís Puig impugnó igualmente la resolución judicial para solicitar a Llarena que, de la sedición y malversación que le achaca, retire este último delito. Alega que la presunta malversación se basa en gastos de papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas electorales que la Generalitat no pagó, conforme al propio relato de la sentencia del 'procés'.

El auto de Llarena también ha sido recurrido por los fiscales del 'procés' y la Abogacía del Estado. En ambos casos, piden al instructor que persiga a Puigdemont por desórdenes públicos agravados, además de por desobediencia y malversación agravada.

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