Puigdemont abre la puerta a su regreso

Las intenciones de Puigdemont las conocen él y pocos más, pero entre los diputados independentistas ganó ayer peso la hipótesis del retorno del expresident para ser investido la próxima semana. El interesado alimentó esas expectativas al retirar su petición a la Mesa para delegar su voto tras el debate en el diputado Jordi Turrull. Un movimiento que tuvo dos lecturas en el mundo soberanista. Unos, sobre todo en Esquerra, dicen que son fuegos artificiales para mantener la atención sobre su figura hasta el último momento, pero que al final volverá a pedir la delegación del voto porque no regresará. Otros, en Junts per Catalunya, dieron pábulo a la hipótesis del retorno para defender su proyecto en el debate de investidura. Sobre todo después de que Jaume Alonso Cuevillas, abogado del expresident, se sumara ayer durante unos veinte minutos a la reunión del grupo parlamentario, en la que se supone que dio algún detalle de las intenciones de su cliente, pero que nadie desveló acabada la sesión.

Puigdemont, entretanto, no despejó las dudas de nadie y desde Copenhague señaló que el regreso a Barcelona será su «camino en los próximos días», aunque a continuación reiteró el latiguillo de pedir «garantías» de que no será capturado por evadir la acción de la justicia. El retorno, dijo en declaraciones desde el Parlamento danés, sería «el primer paso de la restauración democrática que se necesita» en Cataluña. Si se dieran las condiciones, regresaría «ahora mismo».

Pero el expresidente de la Generalitat sabe que su orden de arresto por no presentarse a la citación judicial de la Audiencia Nacional en noviembre pasado no puede desaparecer por ensalmo y abogó por abrir un diálogo con el Gobierno de Mariano Rajoy para garantizarse una vuelta sin contratiempos. «Las herramientas más importantes para solucionarlo -apuntó- son la negociación, el diálogo y aceptar la postura del otro». Lo que no va a hacer, según dijo, es prestarse a operaciones rocambolescas para entrar en España. «Que nadie especule más de la cuenta, no hace falta reforzar más las fronteras», comentó en alusión a las palabras del ministro del Interior.

Juan Ignacio Zoido había explicado unas horas antes que la Policía y la Guardia Civil han desplegado una actividad «muy intensa» para que Puigdemont no aparezca en el debate de investidura del Parlament. «Estamos muy preocupados», reconoció el ministro, porque «no se sabe qué puede hacer». Zoido bajó al detalle de precisar que en la frontera de Cataluña con Francia hay muchos «caminos rurales por los que se puede entrar por helicóptero o por ultraligero». También cabe, prosiguió, la posibilidad de la vía marítima «por barco».

En definitiva, remató, el objetivo es que «no entre ni en el maletero de un coche». En ese habitáculo del automóvil de un mosso se escondió para huir el 29 de octubre desde Girona rumbo a la frontera de La Jonquera con destino a Bruselas.

Las profusas explicaciones del ministro llevaron al abogado de Puigdemont a preguntarle en un mensaje por Twitter si «¿el objetivo es detenerlo y juzgarlo o que no pueda volver?».

Se da la circunstancia además de que si Puigdemont apareciera en el Parlament la próxima semana no podría ser detenido, según explicaron fuentes de la Mesa, salvo que lo ordenara el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent. Se crearía así una situación más esperpéntica si cabe que las que ya se han vivido. Para prevenir ese flanco, la Policía se ha sumado a los Mossos d'Esquadra, habitualmente los únicos encargados de velar por la seguridad en los edificios públicos en Cataluña, en las tareas de vigilancia en los alrededores del Parlament en el Parc de la Ciutadella.

La preocupación en el Gobierno por una aparición del expresidente de la Generalitat es real, sobre todo tras el fiasco del referéndum del 1 de octubre. En aquella ocasión, desde Rajoy al último ministro garantizaron que no habría urnas ni votación y hubo urnas y votación; además de una contundente actuación policial que dejó centenares de heridos en los colegios electorales y que fue la mejor baza internacional para los independentistas y hundió la imagen del Gobierno y del PP.

El último movimiento del líder soberanista también abona la inquietud en la Moncloa. En el Ejecutivo se da credibilidad al razonamiento del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena de que Puigdemont buscaba con su viaje a Dinamarca de este lunes ser detenido en aplicación de la euroorden de captura y así alegar la imposibilidad física y legal de asistir a la investidura y delegar su voto para ser reelegido. «Esperamos cualquier cosa porque su objetivo es burlar al Estado de Derecho e intentar ridiculizar a España», apuntaron fuentes del PP.