El plan de Sánchez para llegar a 2020

El Gobierno posa en la escalinata de la Moncloa antes del Consejo de Ministros del pasado 6 de julio./Ballesteros / EFE
El Gobierno posa en la escalinata de la Moncloa antes del Consejo de Ministros del pasado 6 de julio. / Ballesteros / EFE

El Gobierno socialista presenta un programa para dos años de marcado acento ideológico para establecer la frontera entre la izquierda y la derecha

Política Territorial: Tender puentes con la Generalitat

Pedro Sánchez llegó a la Moncloa convencido de que debía dar un viraje a las relaciones con la Generalitat de Cataluña y no limitar las respuestas a los desafíos soberanistas al ámbito judicial. Es consciente de que es imposible el entendimiento con los independentistas y sus exigencias sobre el derecho de autodeterminación, pero cree que se pueden explorar vías de entendimiento en los asuntos que afectan al día a día de los catalanes. Léase financiación autonómica, infraestructuras, educación o sanidad, e incorporar al Gobierno catalán a los foros multilaterales.

Hasta ahora solo ha habido guiños amistosos y buenas palabras, al tiempo que se ha constatado que las distancias son siderales y que la resolución del conflicto será una cuestión de generaciones. Entretanto, el Gobierno socialista busca resucitar las vías políticas cegadas con Mariano Rajoy. Aunque cuando ha surgido un atisbo de ilegalidad, como con la moción aprobada por el Parlamento catalán para reafirmar el compromiso político de avanzar hacia la independencia, Sánchez recurrió al Constitucional.

La filosofía que guía al Gobierno socialista se puede resumir en que no está en sus manos acabar con la desafección de un amplio sector de la población catalana hacia España pero al menos no ahondará la confrontación.

Interior: El acercamiento de presos de ETA

Desaparecida ETA, la dispersión de sus presos por cárceles alejadas del País Vasco carece de sentido, salvo que se pretenda perpetuar el castigo. El Ministerio del Interior quiere ser muy cauteloso y contar con las asociaciones de víctimas antes de dar algún paso, pero el recelo es enorme. La oposición del PP y Ciudadanos, además, va a convertir esta operación en la más delicada de lo que resta de legislatura. Pero la decisión de llevarla adelante está tomada, y cuenta con el apoyo parlamentario de la mayoría que propició la moción de censura.

Fernando Grande-Marlaska trabaja con el censo de presos de ETA que hizo el Gobierno de Rajoy para decidir los primeros movimientos. Las primeras aproximaciones, según ha trascendido dentro del hermetismo que reina, serán las de reclusos mayores de 70 años, enfermos y sin delitos de sangre.

Trabajo y Seguridad Social: Déficit cero en 2023

Reformar el sistema de pensiones, ahora en números rojos, y reducir el elevado nivel de desempleo, así como luchar contra la precariedad laboral, son los principales retos que tiene por delante la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Magdalena Valerio defiende que ambos son «vasos comunicantes» y, por tanto, están «interrelacionados». Por eso, considera que la lucha que va a emprender contra la precariedad laboral -incluyendo aquí salarios bajos, empleos temporales y a tiempo parcial- se va a reflejar en mayores ingresos para la Seguridad Social. Y para ello tiene listo su plan contra la explotación laboral, que prevé poner en marcha en breve.

Pretende que se cotice lo mismo con independencia de la duración de los contratos, de tal manera que no se penalice la contratación indefinida frente a los de corta duración, y eliminar los contratos de emprendedores y de formación. Además, ya ha anunciado que «retocará» aspectos de la reforma laboral realizada por el PP -hasta conseguir un nuevo Estatuto de los Trabajadores- y sus principales modificaciones pasan por endurecer las condiciones de los 'descuelgues', dar prioridad a los convenios del sector sobre el de empresa y recuperar la ultraactividad, elementos que han influido en la devaluación salarial.

Pero con mejoras en el mercado de trabajo sabe que no va a conseguir equilibrar el sistema, y por eso Valerio pretende lograr más ingresos sin que haya una merma en las pensiones y terminar con el déficit en 2023. Además de los nuevos impuestos anunciados y la reforma del de Sociedades, Trabajo quiere hacer transferencias desde los Presupuestos para cubrir los gastos que no le corresponden al sistema, como los de personal, las reducciones de cotizaciones o tarifas planas, la maternidad... algo que también planeaba el anterior Ejecutivo y que respalda el Pacto de Toledo. A su vez, ya han avanzado sus planes de destopar las cotizaciones y reformar el RETA para que los autónomos coticen según lo que ingresan.

Hacienda: Impuestos para aumentar el gasto

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende reformar el sistema fiscal para que al Gobierno le salgan las cuentas del gasto social al que quiere hacer frente. Solo tres semanas después de asumir el cargo, Montero anunciaba la creación de nuevos impuestos dirigidos a la banca, a las nuevas multinacionales tecnológicas y contra las malas prácticas medioambientales, además de su intención de subir en el Impuesto de Sociedades el tipo mínimo «real» al 15% para aproximarlo al tipo teórico del 25%.

Esta misma semana la ministra lo ha defendido en la Comisión de Hacienda, en la que se comenzaron a perfilar un poco más las novedades de la propuesta. A pesar de las críticas recibidas por distintos grupos empresariales, Montero está decidida a que las compañías que tengan una facturación superior a ocho millones al año paguen un tipo mínimo del 15%, porque aunque el Impuesto de Sociedades está fijado en el 25%, con el gran número de deducciones y reducciones a las que se acogen, la tasa que pagan termina siendo «del 12% o 13% como mucho».

En cuanto al nuevo impuesto a las tecnológicas aún no se sabe ni qué empresas se gravarán ni cuánto se recaudará, pero Montero ya ha aclarado que la tramitación comenzará de forma «inminente». De los nuevos impuestos a la banca y medioambiental tampoco se conoce más allá de que la ministra quiere que sean efectivos desde principios de 2019.

Educación: El asalto a la Lomce

La titular de Educación va a intentar, si reúne el apoyo parlamentario suficiente, liquidar de cara al curso 2019-2020 los seis aspectos más polémicos de la Lomce, la ley educativa del PP. Isabel Celaá pretende dejar Religión como una simple materia voluntaria que no cuente para la nota; implantar como obligatoria la asignatura de 'Valores cívicos y éticos'; consagrar la primacía en la programación de plazas escolares de los centros públicos sobre los privados; recuperar la influencia de los consejos escolares; liquidar las reválidas de ESO y Bachillerato; y terminar con los itinerarios que dirigen a los adolescentes a Bachillerato o Formación Profesional desde los 13 años. No va a prohibir, al menos por ahora, las subvenciones a los centros concertados que segregan por sexos, pero abrirá un diálogo para convencerlos de que se sumen a la coeducación.

Antes, este mes, derogará lo que queda del decreto de recortes del PP de 2012, con los reducción de las horas lectivas en Secundaria a 18 a la semana y la sustitución de los docentes desde el mismo momento que se produce la baja. Ha prometido (también de cara al curso 2019) cambiar el modelo de becas, para que beneficie a los alumnos con menos recursos; poner en marcha un plan para subvencionar a las familias con menos recursos la escolarización de sus hijos de 0 a 3 años; y aprobar una ley que potencie y modernice la FP. Su colega Pedro Duque, titular de Ciencia y Universidad, prometió buscar un pacto de Estado para sacar adelante la nueva ley de universidades que le piden los rectores y devolver a las cifras de antes de la crisis la inversión pública en I+D+i.

Igualdad: «O es sí, o todo lo demás es no»

La vicepresidenta, con el escándalo de La Manada en mente, quiere impulsar una reforma del Código Penal, ya criticada por muchos expertos, para que todo acto sexual sin consentimiento expreso de la mujer sea considerado una agresión, y una violación cuando se produzca penetración. Persigue que la definición de los delitos sexuales siga el mismo camino de Suecia, que, dijo, se resume en: «Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no».

Carmen Calvo no ocultó que busca limitar el grado de interpretación sobre los tipos delictivos en manos de los jueces. «No queremos correr riesgos interpretativos en el consentimiento. Hay que blindar eso. O es sí o es no, y punto». Con el cambio, el Código Penal abandonaría el distingo entre abusos y agresiones sexuales, el punto que desató el escándalo con la sentencia de La Manada, en la que el tribunal condenó por abuso sexual, pero no por violación, porque no apreció ni violencia ni intimidación, que es lo que ahora exige para este subtipo la ley española. La vicepresidenta impulsará también un cambio legal urgente que permitirá a todos los ayuntamientos tener competencias en violencia de género, para que sean el lugar de «amparo, prevención y auxilio» de las víctimas, motivo por el que va a aumentar el presupuesto previsto para este fin en el pacto de Estado. Además, anunció que le ha encargado a la RAE un análisis para una posible nueva redacción de la Constitución que no responda solo a un lenguaje en masculino, como cree que ocurre ahora.

Transición Ecológica: «El diésel tiene los días contados»

Teresa Ribera lo dijo sin tapujos: «El diésel tiene los días contados». A continuación, la ministra para la Transición Ecológica argumentaba que las partículas emitidas por estos vehículos son nocivas para el ser humano y que es necesario mandar «señales» al consumidor para que distinga unos coches que otros. ¿Cómo? con cargas fiscales -que no cuantificó- y con políticas -sobre todo en las ciudades- que hagan decantarse al consumidor a opciones más ecológicas. Pero el plan para una economía y unas fuentes energéticas más verdes no solo pasa por el fin del diésel. La ministra aseguró que las térmicas que no tengan planes de inversión cerrarán para 2020; y el futuro de las nucleares está fijado para 2028, cuando se cumplen los 40 años de vida tecnológica útil. Aunque también señaló que es un deseo, ya que no descartó un adelanto o un retraso. Las cuentas y la preparación de todos los sistemas lo determinarán.

Justicia y Presidencia: Recuperar la memoria histórica

Pedro Sánchez quiere llegan en materia de memoria histórica adonde no se atrevieron sus antecesores socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. La medida más simbólica es el traslado de los restos de Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. Fue una decisión que el presidente anunció ya en sus primeros días de mandato, pero en la que el Ejecutivo está encontrando más escollos legales de los que se esperaba. Pero exhumar al dictador será solo un primer paso. Sánchez está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias la propuesta registrada por el PSOE el pasado diciembre y que contempla, entre otras acciones, que el estado asuma la búsqueda de los desaparecidos enterrados en fosas comunes, la ilegalización de las asociaciones que hagan apología del franquismo o la nulidad de las resoluciones judiciales de los tribunales de excepción. Se trata todas ellas de medidas de gran calado entre el electorado de izquierda, aunque IU y Podemos ya han planteado que quieren ir aún más lejos.

Pedro Sánchez ha diseñado un programa de Gobierno para los dos años que restan de legislatura a medida de la mayoría parlamentaria que hace un mes y medio alfombró su llegada a la Moncloa, moción de censura contra Mariano Rajoy mediante. El presidente del Gobierno tenía dos posibilidades, apoyarse en el PP y Ciudadanos, con el que los socialistas reúnen una amplia mayoría parlamentaria, o consolidar la mayoría tejida a toda velocidad el pasado 31 de mayo. Optó por la segunda alternativa, a pesar del alto riesgo que conlleva poner de acuerdo a un conglomerado de partidos con intereses divergentes en muchos aspectos.

Tras el desfile de los ministros por sus respectivas comisiones parlamentarias en las dos últimas semanas, ha quedado dibujado un programa gubernamental con marcado acento de izquierda y que recoge reivindicaciones tanto de Podemos e Izquierda Unida, como del PNV o los independentistas catalanes, aunque el grueso corresponde a las propuestas programáticas que enarbolaron los socialistas mientras estaban en la oposición.

La precariedad de la mayoría y lo ajustado del calendario han convencido a Sánchez de que debía prescindir de los grandes proyectos y de que debe gobernar con luces cortas. No habrá por tanto ni reforma laboral ni fiscal ni de la Constitución. Son terrenos parlamentarios pantanosos, en los que la mayoría de la moción de censura saltaría por los aires. El PSOE, además, tampoco podría recabar el auxilio de los populares ni de Ciudadanos para construir las mayorías reforzadas que requieren cambios como el de la Constitución.

Son medidas de impacto social que, en la mayoría de los casos, no requieren grandes inversiones y que encuentran eco entre los sectores progresistas. Las iniciativas ahondan en los derechos civiles, tienen un indudable tinte social, recogen demandas ecologistas o atienden los planteamientos de los defensores de la memoria histórica. «Fuegos artificiales para contentar a su parroquia», se quejaba un diputado del PP. Son, en efecto, medidas efectistas, valga la redundancia, que dividen las aguas ideológicas entre la izquierda y la derecha. La política transversal va a tener poca cabida en estos dos años, excepto para los asuntos de grueso calibre como el conflicto en Cataluña.

El gran problema para Sánchez es que solo cuenta con 84 diputados socialistas. Nunca nadie gobernó tan en minoría. Su aliado más significativo, en lo que a números se refiere, es Unidos Podemos con 67 parlamentarios, pero la suma de ambos se queda lejos de la mayoría del Congreso. Necesita los nueve de Esquerra, los ocho del PDeCAT, cinco del PNV, los cuatro de Compromís y el de Nueva Canarias. Los dos escaños de Bildu no son una compañía deseable y son prescindibles para los socialistas.

El Gobierno tiene asumido que sufrirá derrotas en el Congreso porque sumar a todos los potenciales aliados para todo no será posible. Siempre habrá facturas que alguno querrá cobrarse. En todo caso, se abre una etapa de negociaciones políticas a múltiples bandas que no tiene parangón en la historia parlamentaria reciente.

 

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