Los partidos independentistas piden suprimir el título de Rey

Entre las reivindicaciones que los grupos independentistas quieren incorporar al proyecto aprobado por el Gobierno en julio destaca la que reclama, directamente, la supresión del título de Rey por haber sido concedido a Juan Carlos de Bobón por un «régimen ilegal», en referencia a la dictadura franquista; y la que plantea modificaciones sobre la Ley de Amnistía del 77, pues gracias a ella, aseguran los firmantes, «se continúa perpetuando la impunidad sobre los crímenes del franquismo y los crímenes de lesa humanidad».

«La preeminencia de la verdad y el derecho a que se haga justicia efectiva ha forzado a instituciones y familias a abrir procesos penales en otros países a tenor de la imposibilidad de hacerlo en territorio del Estado», recoge el texto que pretende alterar el proyecto que ha coordinado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aunque parece improbable que el Gobierno ceda.

Aunque el mismo Bolaños prometió «flexibilidad» durante su tramitación la Cámara Baja, las enmiendas planteadas por los independentistas parecen difícilmente asumibles por el Ejecutivo. El proyecto, uno de los más importantes para Pedro Sánchez esta legislatura, no contaría con los apoyos necesarios para salir adelante ahora mismo si los independentistas condicionan su apoyo a que se asuman sus cambios.

El portavoz de la dirección del PSOE, Felipe Sicilia, rechazó esta mañana las enmiendas y precisó que los socialistas respaldan el acuerdo constitucional y por lo tanto, ni el rey Felipe VI ni la monarquía están sometidas a debate. El propio ministro de la Presidencia ya destacó también hace un mes la necesidad de «poner en valor la carta magna» durante el debate a las enmiendas a la totalidad de la ley que presentaron entonces PP, Vox y ERC.

El frente común formado por estas seis fuerzas, a las que no se ha sumado el socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, también recoge una de las reivindicaciones «habituales» del independentismo catalán. La restitución de la titularidad a la Generalitat de las dependencias de la Jefatura Superior de Policía en la Vía Laietana de Barcelona, algo que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya dejó claro que no sucedería.

Asimismo, también se reclama la cesión del Palacio de la Cumbre de San Sebastián al Ayuntamiento de la ciudad. En el texto se añade que en ese lugar, que «fue la residencia del gobernador civil de Gipuzkoa», fueron «torturados los etarras Lasa y Zabala» por la Guardia Civil bajo el mando del general Enrique Rodríguez Galindo.

ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP y BNG, aliados habituales que conforman la mayoría parlamentaria del Gobierno, inciden en la dignificación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista durante todo el paquete de enmiendas. Reivindican que se establezcan mecanismos para la devolución de los ateneos, asociaciones culturales y otras entidades a sus dueños de manera que se repare el expolio al que fueron sometidos.

Por último, los grupos firmantes plantean que haya un «reconocimiento expreso a la persecución cultural y lingüística durante el franquismo» y que el Estado repare el daño causado por la prohibición de la enseñanza en las lenguas que no fueran la castellana, «así como las publicaciones y su uso en cualquier situación».