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Villarejo, en una declaración ante el juez en octubre de 2017. :: r. c.
La red parapolicial de Villarejo tenía un colaborador en Hacienda para sus servicios

La red parapolicial de Villarejo tenía un colaborador en Hacienda para sus servicios

La Audiencia investiga a un funcionario jubilado, al comisario García Castaño y a otros tres inspectores por el espionaje a un despacho de patentes

MATEO BALÍN

Jueves, 17 de enero 2019, 00:07

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madrid. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la 'operación Tándem' o 'caso Villarejo', citó ayer a declarar como investigado por un delito de revelación de secretos a un funcionario jubilado de la Agencia Tributaria sospechoso de haber facilitado información privada al excomisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

Los trabajos de la red parapolicial servían para satisfacer el encargo de unos clientes, los socios del bufete de abogados Herrero y Asociados, investigados en la pieza separada 'Iron', para que investigase a unos socios que se habían pasado a la competencia -crearon la sociedad limitada Balder Ip Law- porque sospechaban que les habían robado una base de datos con el objetivo de acceder a sus clientes.

Villarejo, a través de su empresa Cenyt, facilitó a los responsables de Herreros y Asociados -hay cuatro investigados- informes que obran en la causa y que «contenían datos personales» de los objetivos a los que estaba investigando. Para ello accedió con sus colaboradores, y «sin justificación alguna que les diese cobertura, a datos tributarios y movimientos bancarios de Balder Ip Law», especializada en la defensa legal de marcas y patentes y con sede en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Según el auto, para el juez García Castellón ha quedado «acreditada la existencia de sólidos indicios de que fue el funcionario de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria» al que cita a declarar, Antonio Chaparro, quien «suministró la información tributaria» de ese despacho correspondiente al ejercicio 2013, pues el formulario con los datos fue encontrado «en poder de la red delictiva de José Manuel Villarejo» durante los registros llevados a cabo por la unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en noviembre de 2017. A Chaparro le imputa delitos de revelación de información reservada y/o secretos para funcionario público y cohecho.

Bases de datos policiales

Además del funcionario de Hacienda, los investigadores tienen indicios del uso de bases de datos policiales por personas cercanas al entramado empresarial de Cenyt. Por este motivo, se acordó consultar la base del DNI o los ficheros Addnifil o Adexxtra para extranjeros para averiguar si algún funcionario de la Dirección General había consultado información sobre los abogados de Balder IP Law antes de que Villarejo emitiese un informe para sus clientes en octubre de 2013.

Para ello se descubrió entonces que dos inspectores jefe de la Policía accedieron «a datos contenidos en el informe 'Iron'» sin que existiese investigación alguna que justificase su interés. Se trata del inspector jubilado Antonio Bonilla, a quien cita a declarar el viernes por delitos de revelación de secretos y delito de cohecho, y Antonio Serrano, imputado por revelación de secretos. Éste último, «si bien no se encuentra directamente implicado en los accesos no autorizados anteriormente referidos, sí lo está en el asalto a los servicios informáticos de la empresa Balder Ip Law».

Asimismo, el juez instructor tiene indicios de que el socio de Villarejo y también comisario Enrique García Castaño, que llegó a ser jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional, está implicado en el 'operativo Iron' y le imputa por ello delitos de revelación de secretos y cohecho (declarará mañana en el juzgado). Mientras que a otros dos agentes, el inspector jefe jubilado Juan José Díez y el también inspector jefe Manuel Novoa, el juez les investiga por los mismos delitos que a su superior.

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