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Cristian Reino
Barcelona
Viernes, 7 de junio 2019, 19:31
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El diputado de Esquerra y ex número dos de la Consejería de Economía durante la etapa de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, compareció este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investigado por los presuntos delitos de malversación, revelación de secretos y desobediencia por su implicación en la organización del referéndum del 1-O.
Jové, que estaba imputado antes de ser aforado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona junto a otros treinta exaltos cargos de la Generalitat, es una pieza clave en la causa penal que se juzga en el Supremo contra los líderes del 'procés'. Durante los registros policiales del 20 de septiembre de 2017, la Guardia Civil halló en su casa y en su despacho la agenda Moleskine y el documento EnfoCATs, donde aparece buena parte de la hoja de ruta que siguieron los dirigentes de la Generalitat y de las plataformas secesionistas para intentar que Cataluña se convirtiera en un Estado independiente.
Ambos documentos son parte de las pruebas aportadas por la Fiscalía para sustentar su acusación de rebelión. Jové negó que los documentos fueran suyos. En una breve comparecencia, en la que fue arropado por buena parte de los dirigentes del secesionismo, el exsecretario de Vicepresidencia y ex mano derecha de Oriol Junqueras, solo respondió a su abogada y se negó a someterse a una prueba de caligrafía para determinar si la agenda manuscrita es suya.
En este documento hay datos precisos del 'procés' así como anotaciones sobre reuniones del llamado estado mayor del independentismo. También se negó a una prueba de voz para cotejar si es él quien sale en algunas grabaciones telefónicas.
Jové evitó referirse a los dos citados documentos porque su abogada impugnó el registro de su despacho el 20-S aduciendo que no estaba su abogado en ese momento. La estrategia de la defensa busca que se declare nula la orden judicial para que las pruebas también decaigan.
Jové fue detenido el 20 de septiembre de 2017, el día del registro en la Consejería de Economía, en el que miles de personas evitaron que la comitiva judicial pudiera salir del inmueble.
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