Marlaska pone el foco en los pisos turísticos en la lucha contra la yihad y las mafias

Ante este riesgo, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska acaba de publicar un decreto, el 933/2021, por el que ha creado un nuevo registro en el que deberán participar todos los operadores de hospedajes, (muy en particular los propietarios de pisos turísticos) y los gestores de compañías de alquiler de cualquier tipo de vehículos, incluidos los particulares de menor rango.

La nueva normativa, que ya se ha publicado pero que no entrará en vigor hasta dentro de seis meses para dar tiempo a que todos los operadores se adapten a ella, sustituirá a los registros de hospedaje que entraron en vigor en 2003 -y que fueron especialmente efectivos en la lucha contra ETA- y el franquista y anticuado decreto de 1974 que regula «el control gubernativo de automóviles de alquiler».

El propio texto de la nueva instrucción no deja lugar a dudas de la inquietud que provocan las nuevas plataformas turísticas. «En el momento actual, los mayores ataques a la seguridad ciudadana vienen protagonizados tanto por la actividad terrorista como por el crimen organizado, en los dos supuestos con un marcado carácter transnacional», apunta la resolución que firma Grande- Marlaska y que recuerda que para estos grandes delincuentes es esencial la «logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor, cuya contratación se realiza hoy en día por infinidad de vías, incluida la telemática, que proporciona una mayor privacidad en esas transacciones».

Según Interior, la vieja normativa - que básicamente solo contemplaba el alojamiento en hoteles, pensiones, hostales y campings- no cubría «las nuevas modalidades de actividades de hospedaje, como son las viviendas turísticas de corta duración explotadas por empresas o particulares mediante el registro en portales o centrales de reserva a través de medios digitales o internet». Y ello dejaba a las fuerzas de seguridad sin acceso a «toda la información disponible, necesaria para que puedan realizar sus labores de prevención y protección».

Los propietarios que se anuncien plataformas como Airbnb, Booking, Homeaway, Windu, Top Rural, o MisterB&B (por citar solo algunas de las decenas de operadores que trabajan en España) deberán facilitar todo tipo de datos sobre sus huéspedes a Interior antes de la llegada de los mismos: filiación, número de documento, nacionalidad, lugar de residencia habitual, dirección completa, teléfonos, mail…. Incluso «relación de parentesco entre los viajeros». Además, los propietarios que se dediquen profesionalmente al hospedaje deberán tener un «registro informático» con los datos y conservarlos durante tres años.

El Ministerio del Interior ya avisa que «la carencia de los registros documentales previstos en este real decreto» sobre hospedajes o alquiler de vehículos o la «omisión de las comunicaciones obligatorias» serán consideradas «infracciones graves» a la Ley de Seguridad Ciudadana (entre 600 y 30.000 euros), que es la que obliga a las «personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana» a facilitar a Interior datos de sus clientes. También Habrá multas de 100 a 600 euros por «infracciones leves» para los propietarios de pisos turísticos o empresas de alquiler de coches o motos que presenten «deficiencias» en la «cumplimentación de los registros» o que se retrasen en las «comunicaciones obligatorias».

La nueva normativa establece que los datos que se generen serán conservados en dos ficheros radicados en la Secretaría de Estado de Seguridad que podrán estar «interconectados» con otras bases policiales. El acceso a estos ficheros estará limitado a las fuerzas seguridad, jueces y fiscales.