Lea el manifiesto completo de la concentración en Colón

Los acontecimientos de los últimos días suponen una humillación del Estado sin precedentes en nuestra vida democrática. Tras meses de constantes cesiones intolerables y a pocas horas de que el Tribunal Supremo comience a juzgar a los responsables de la ruptura del orden constitucional que se produjo en octubre de 2017, el Gobierno de Pedro Sánchez decidió dar una puñalada por la espalda a la ley y a la justicia aceptando los términos y exigencias impuestos por el Presidente de la Generalitat.

El Gobierno ha cedido al chantaje de aquellos que quieren destruir la convivencia ciudadana en nuestro país y ha renunciado a defender la dignidad de los españoles, con el único objetivo de mantenerse en el poder.

Cedió al recibir con lazos amarillos al presidente de la Generalitat en Moncloa. Cedió al trasladar a los políticos presos a la cárcel de Lledoners. Cedió al aceptar la bilateralidad entre iguales en la reunión de Pedralbes. Cedió al torcer el criterio jurídico de la Abogacía del Estado. Cedió al aceptar las 21 exigencias del secesionismo. Cedió al iniciar unas negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ofreciendo a cambio la soberanía nacional. Cedió al admitir la posibilidad de que hubiera mediadores, relatores, o cualquier otra figura semejante. Cedió en todas las ocasiones en las que debería haber defendido la dignidad de los españoles ante quienes quieren acabar con nuestra democracia y nuestro orden constitucional.

Estas cesiones representan la renuncia del Gobierno de la Nación a cumplir con su obligación de guardar y hacer guardar la Constitución. Su renuncia a preservar la unidad nacional y su incapacidad de garantizar los derechos y libertades de todos los españoles. Estas cesiones pusieron nuestro orden constitucional ante uno de los mayores retos que ha vivido desde su promulgación. Cuando aún seguían en marcha las celebraciones por el 40 Aniversario de nuestro texto constitucional, nos encontramos ante la inaudita situación de que un Gobierno, que tiene la obligación primera y principal de defenderla, ha puesto en serio riesgo su vigencia.

Pero los españoles no estamos dispuestos a renunciar a ella, ni a la convivencia de la que llevamos disfrutando durante cuatro décadas, basada en la igualdad ante la ley, la solidaridad entre los españoles y la libertad.

El gobierno de Pedro Sánchez está poniendo en riesgo estos tres pilares esenciales, haciendo peligrar así la obra de miles, de millones de españoles que, esforzándose por entenderse, nos legaron una de las democracias plenas que existen en el mundo.

Por respeto a todas las generaciones de españoles que han hecho posible nuestra democracia, por respeto a la legalidad y por el compromiso firme de seguir construyendo, como hicieron otros antes que nosotros, un país en libertad, nos encontramos hoy aquí, en esta Plaza de Colón. En esta plaza no sólo estamos los presentes, también todos aquellos españoles que, no habiendo podido venir, quieren como nosotros una España constitucional, unida y en libertad.

Nosotros, los reunidos en esta Plaza, compartimos, y por compartirlo representamos, el hartazgo de la inmensa mayoría de los españoles ante la deriva suicida del Gobierno de Pedro Sánchez y afirmamos, una vez más y todas las veces que haga falta, nuestro compromiso con la unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; patria de todos, en la que a nadie se discrimina por cómo piense o a quién vote.

Rechazamos que se ponga en peligro la integridad territorial. Nuestra nación se construyó sobre el acuerdo de muchos para lograr entre todos un proyecto común, un proyecto nacional. Un proyecto que, respondiendo a una realidad histórica de siglos, ha dado lugar al país en el que vivimos y la nación a la que amamos y por la que hoy estamos aquí.

Reivindicamos que la soberanía nacional pertenece al conjunto del pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Es el pueblo y sólo el pueblo el que tiene en su mano la decisión sobre el futuro de nuestra nación. Al pueblo pertenece y es el pueblo el dueño de su destino. Nadie más está legitimado para decidir qué es España y, mucho menos, qué puede dejar de ser España. Ningún gobierno está legitimado para negociar con la soberanía nacional, sino que está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Defendemos la Constitución de 1978 como marco de convivencia y como fundamento de nuestra democracia. Una Constitución que no exige a nadie renuncias ideológicas ni intelectuales. Cada español está amparado por la Constitución para pensar lo que considere y lo que le exprese su conciencia. Pero no ampara ni acoge ninguna maniobra que ponga en juego el propio marco de la Constitución. Solamente son válidas las propuestas que se atengan a su letra y a su espíritu. Dentro de la Constitución, todo tiene cabida. Fuera de ella, nada es ni será nunca aceptable.

Afirmamos la vigencia del Estado de Derecho como garantía de nuestras libertades individuales, del imperio de la ley y de la separación de poderes. Y reafirmamos que ese Estado de Derecho no puede ni podrá ser puesto en cuestión, ni sujeto a negociación, ni mucho menos quebrado por quienes actúen contra la ley.

Manifestamos la igualdad de todos los españoles ante la ley y el principio de solidaridad entre las Comunidades Autónomas. En España, nadie está por encima de nadie. En España, todos los españoles son iguales en derechos y deberes. Esta igualdad no depende de un gobierno ni de un parlamento; esta igualdad pertenece a los españoles y es, siempre, inalienable.

España es una nación de ciudadanos libres e iguales. Y en este pilar se ha basa la firma decisión de los españoles de crear lazos de solidaridad y esfuerzos compartidos entre los territorios. España es, además de una realidad histórica, la decisión de todos los españoles de vivir en común, de afrontar el futuro en común y de acompañarnos entre nosotros, para alcanzarlo.

Reafirmamos, a las puertas del juicio sobre el asalto a la unidad de la Nación española, nuestro compromiso con la Justicia y nuestro apoyo cerrado a los jueces que llevan meses sufriendo la presión independentista.

Hoy estamos aquí reunidos para decirle al Gobierno de España que no estamos dispuestos a tolerar más traiciones ni concesiones frente a aquellos que quieren destruir nuestra patria. Estamos aquí para decir alto y claro que la unidad nacional no se negocia.

Por todo ello, exigimos al presidente del Gobierno la convocatoria inmediata de elecciones generales para que todos los españoles puedan decidir su futuro.

¡Viva la Constitución!

¡Viva España!