JxCat y ERC se dan hasta el 2 de octubre para llegar a un acuerdo que desbloquee el Parlament

En julio, el último pleno antes de las vacaciones tuvo que ser anulado por las diferencias entre los independentistas. JxCat quería saltarse el auto de Llarena, pero Esquerra y el presidente de la Cámara Roger Torrent se negaron. Los letrados de la Cámara sugirieron, a partir del auto del juez, que una solución podía pasar por aplicar una especie de suspensión temporal de los diputados, de tal manera que parlamentarios de su mismo grupo asumieran sus funciones. Entre otras, el voto.

Torrent ya les ha retirado el sueldo, aunque siguen cotizando a la Seguridad Social, pero JxCat defiende que Puigdemont reciba un trato de favor y su voto no sea sustituido. Quim Torra afirmó a principios de mes que ya había acuerdo sobre el asunto, pero Esquerra lo negó. Ahora, se han dado hasta el 2 de octubre para alcanzar un pacto y llegar al debate de política general con la unidad restablecida. Incluso se plantean no aceptar la suspensión, a riesgo de asumir la pérdida de los seis votos que dejaría al secesionismo sin la mayoría absoluta. «No podemos hacer el ridículo como en julio», afirman fuentes independentistas, que no contemplan la posibilidad del no acuerdo porque podría provocar nuevas elecciones.

Fuentes próximas al presidente de la Cámara dan a entender que el problema es Puigdemont y que el acuerdo debe pasar por que «nadie se vea obligado a dejar el acta», que «se preserven las mayorías y resultados electorales» y que «los acuerdos tomados en los órganos de decisión del Parlamento sean efectivos». Torra presiona afirmando que no puede aceptar la suspensión y anunciando que el próximo 25 de septiembre presentará su plan de gobierno. Pero fuentes de ERC apuntan que si no hay acuerdo, «todo (la legislatura) saltará por los aires».

Más allá de la retórica republicana esgrimida por el presidente de la Generalitat en cada unas de sus intervenciones, la política catalana sigue bloqueada. Desde la investidura de Quim Torra en mayo, la Cámara autonómica ha aprobado dos leyes, una sobre cuestiones fiscales y financieras y la otra para modificar la ley de la Presidencia de la Generalitat para permitir la investidura a distancia de Puigdemont. El Gobierno catalán, mientras, ha impulsado cuatro proyectos de ley, que estaban a la espera por el 155. La parálisis está motivada por el proceso secesionista y después por la suspensión de la autonomía, pero viene de lejos. Porque, por ejemplo, en la pasada legislatura (la de Puigdemont), que duró poco menos de dos años, el Parlamento autonómico aprobó un total de 26 leyes, casi la mitad que el mandato anterior, que duró un año más. En el último gobierno tripartito se aprobaron 96 leyes en cuatro años. Además, tres de las 26 que vieron la luz en la pasada legislatura (la de la seguridad social catalana, la del referéndum y la de transitoriedad jurídica) tenían que ver con el proceso. Solo una fue de especial relevancia, pues supuso la creación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, una ayuda de 564 euros mensuales para las personas más necesitadas, cuya puesta en marcha, no obstante, ha generado problemas. Al año de su aprobación, de las 69.197 personas que la han solicitado, sólo 5.043 personas la han recibido.

Las consecuencias de la parálisis política provocada por el proceso secesionista son palpables en los indicadores sociales y económicos. Así, por ejemplo, la partida destinada este año a educación es de 4.800 millones, cuando en 2010 era de 5.300 millones. Con el agravante de que hoy el número de alumnos alcanza el millón y medio, 300.000 más que antes de la crisis. La administración catalana sigue sin revertir los recortes aplicados durante la época de Artur Mas. El entonces presidente de la Generalitat tuvo una fuerte contestación en la calle por meter la tijera a sus cuentas (en 2011 tuvo que llegar al Parlamento en helicóptero) y acto seguido decidió poner en marcha el proyecto secesionista.

Cataluña es hoy la tercera autonomía, empezando por la cola, en gasto sanitario por habitante. Esta misma posición ocupa en el tiempo necesario para operarse. Si en Madrid o el País Vasco hay que esperar unos 55 días de media para ser sometido a una intervención quirúrgica, en Cataluña el tiempo se dispara a 148 días, casi el triple, según datos del Ministerio de Sanidad. Los sindicatos de enseñanza afirman que el sistema educativo catalán necesita entre 6.000 y 7.000 profesores de más.