Junqueras y los 'Jordis' denuncian en el Supremo una persecución «política» al independentismo

Según coinciden todas las fuentes consultadas, el momento más tenso de la jornada fue el que protagonizó el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana y último candidato a presidir a la Generalitat, Jordi Sànchez, que fue interrogado solo por su defensa. El diputado se encaró con Llarena, a pesar de que éste no le preguntó, por su negativa a dejarle participar en la sesión en la que iba a ser investido presidente el viernes pasado. Mirándole fijamente, le reprochó la «vulneración» de sus «derechos políticos» y que haya desoído las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se mostró favorable a que se permitiera la investidura del preso. En un momento dado, incluso Sànchez afeó al instructor su «clara falta de objetividad» en sus resoluciones, por utilizar la expresión «sufrimos» (en primera persona del plural) al hablar en sus autos de las consecuencia del proceso independentista.

«No se puede ser juez y víctima», espetó el exlíder de la ANC al juez. Llarena no entró a la provocación. Solo al final de la indagatoria recordó al procesado que puede recurrir tantas veces como considere necesario ante la Sala de Apelaciones del Supremo, como ya ha hecho aunque sin éxito.

Sànchez, quien insistió en la idea de que el alto tribunal ha instruido una «causa general» contra el independentismo sin pruebas penales, más allá de su rifirrafe con Llarena también intentó defenderse de los cargos que pesan contra él: haber movilizado a las masas antes, durante y después del 1-O para que cometieran actos violentos, la base del delito de rebelión. El diputado por Junts per Catalunya lo negó todo. Insistió en que las convocatorias de ANC y de Òmnium Cultural fueron siempre pacíficas y afirmó que nada tuvo que ver con los actos de violencia a las puertas de la Consejería de Economía el 20 de septiembre cuando estaba siendo registrada por la Guardia Civil.

Sí reconoció haber mantenido contactos regulares con miembros del Gobierno de Carles Puigdemont, y particularmente con el consejero de Interior, Joaquim Forn, pero siempre para tratar cuestiones de seguridad de las convocatorias.

Las protestas de Sànchez contra Llarena no acabaron en el Supremo. Poco después de su declaración, a través de su cuenta de Twitter, cuestionó la «proporcionalidad» de su encarcelamiento. «Medio año en prisión preventiva por unos hechos amparados por la libertad de expresión y de reunión pacífica». «¿Quién considera que la medida es proporcionada? ¿Quién considera que las acusaciones estén justificadas?», escribió. «Triste país que opta por conculcar los derechos humanos», concluyó.

La comparecencia de Junqueras fue más tranquila. Como Sànchez, el exnúmero del Govern denunció que el Supremo está «vulnerando la libertad ideológica» y aseguró tajante que jamás instó a actos violentos porque va contra sus principios. «Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia», llegó a afirmar ante el juez, según personas presentes durante su declaración, en la que insistió en la tesis que ya defendió en su momento ante Llarena de que «convocar un referéndum nunca puede ser delito».

El exvicepresidente también intentó refutar las acusaciones que pesan contra él, y otros miembros del Gobierno de Puigdemont, por malversación, al haber usado dinero público para el referéndum del 1-O. Llarena arguye que la Generalitat se gastó para la consulta 1,6 millones de euros en cuatro apartados: campaña de registro de catalanes en el extranjero (224.834 euros), campaña de publicidad y difusión del referéndum (277.804 euros), suministro de papeletas, censo electoral y citaciones de personas integrantes de las mesas electorales, realizados por la empresa Unipost (979.661 euros) y participación de observadores internacionales en el proceso (119.700 euros).

Junqueras lo negó todo: «No se ha dedicado un solo euro del presupuesto al proceso» dijo con firmeza antes de acabar el interrogatorio.

Jordi Cuixart fue el más breve. El responsable de Òmnium Cultural aprovechó la notificación de su auto de procesamiento para denunciar la «vulneración» de la libertad ideológica y de expresión, y mantuvo que hay una persecución política.