Una jueza envía a juicio a 30 exaltos cargos del Govern por el 1-O

Se trata de la carta causa judicial relacionada con el referéndum del 1-O impulsado por el anterior Gobierno catalán. La primera gran causa juzgó a los miembros del Ejecutivo que no huyeron a Bruselas: el exvicepresidente Junqueras y once exconsejeros del gabinete de Carles Puigdemont. Fueron juzgados doce exmiembros del Govern y nueve de ellos fueron condenados hace casi un año a penas de nueve a trece años por sedición. La segunda gran causa contra el 1-O juzgó al exmayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la anterior cúpula de la Policía catalana. El caso está a la espera de sentencia. Y el tercero sentó en el banquillo a los miembros de la anterior mesa del Parlament, también por su implicación en el 'procés'. La causa está también juzgada y a la espera de una sentencia. La cuarta y última causa juzgará en la Audiencia de Barcelona a una treintena de exaltos cargos del Govern, todos ellos secretarios generales y directores generales de las consejerías implicadas en la organización del referéndum.

La jueza del juzgado 13 de Barcelona ha ignorado la petición de la Fiscalía que le había reclamado un año más de tiempo para completar la instrucción. La magistrada dictó el auto de procesamiento por los delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, pero la Fiscalía reclamó que 28 de ellos fueran juzgados también por organización criminal. Entre ellos el exsecretario de Comunicación y exsecretario de Difusión de la Generalitat, Antoni Molons; la vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, y los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo.

Según la Fiscalía, cada uno de ellos, y desde su posición en la administración catalana, actuó «de forma concertada y permanente en el tiempo y con la finalidad de conseguir por vías delictivas la secesión de la comunidad autónoma de Cataluña». La Fiscalía mantiene que una organización criminal es «cualquier red estructurada, que agrupe a una pluralidad de personas con una jerarquización y reparto de tareas». Y a su juicio, la conducta de los procesados para organizar el referéndum fue «conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlament, continuaron con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades«.

En su auto de procesamiento, la magistrada del 13 constató la voluntad de los procesados de celebrar un referéndum «con la finalidad de ejercitar el derecho de autodeterminación y la constitución de un nuevo estado, independiente de España». El 1-O, dijo, tuvo su «corolario en la declaración de independencia realizada por el presidente de la Generalitat el 27 de octubre en el Parlament«.