El juez del Supremo deja en prisión a Junqueras por ser cabecilla de la «rebelión» en Cataluña

     Con esta contundencia, el juez Pablo Llarena estableció hoy por vez primera un marco jerárquico sobre la responsabilidad penal de los investigados en la causa que instruye contra el proceso político de Cataluña. Un plan que se consumó con el referéndum ilegal del 1 de octubre y, sobre todo, con la declaración unilateral de independencia proclamada el 27 de octubre en el Parlament por una mayoría simple de los diputados secesionistas.

Este argumento y no otro fue la razón fundamental por la cual el magistrado decidió dejar sin campaña electoral a Oriol Junqueras y sus tres compañeros encarcelados. Para ello siguió el criterio de la Fiscalía y justificó que se mantiene el riesgo de reiteración delictiva por la gravedad de los delitos y por el temor a que provoquen otra «explosión violenta» en la calle.

     Unos episodios ya vividos en el «asedio» a la comitiva judicial de la 'operación Anubis' en Barcelona el 20 y 21 de septiembre; las movilizaciones posteriores que impidieron los registros en la entidad Unipost; las «murallas humanas» de los centros de votación el 1-O, «que forzó a los agentes a emplear la fuerza»; el corte de vías ferroviarias y carreteras; las amenazas a los empresarios que han prestado servicio a los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil desplazados o los asedios a los hoteles donde se alojaban.

Una lista de actos ya planificados en el documento 'EnfoCATs', que fue requisado por la Guardia Civil en la casa de Josep María Jové, 'número dos' de Junqueras, dentro la causa que se sigue en un juzgado de Barcelona. Esta hoja de ruta hacia la independencia incluía la conformación de un comité integrado por los investigados que siguen presos y por el expresidente Carles Puigdemont, que permanece fugado en Bélgica pendiente de su entrega.

El juez del Supremo ha dado un papel preponderante a esta prueba documental para sostener la prisión incondicional para unos y la prisión bajo fianza de 100.000 euros para cada uno de los seis restantes exconsejeros. Ello pese a que asegura que el riesgo de reiteración delictiva se mantiene en todos los investigados. «El peligro que encierra que pueda perseverarse en el delito es bien diferente en las distintas aportaciones realizadas por cada partícipe», justifica Llarena en su auto de 26 páginas y contra el que cabe recurso.

La totalidad de la cuantía de las fianzas fue abonada hoy por el tesorero de la ANC, como ya hiciera con Carme Forcadell y los restantes miembros de la Mesa del Parlament encausados, y permitió salir en libertad provisional a Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó. Todos deberán comparecen cada semana en el Tribunal Superior de Cataluña o en el juzgado más cercano a su domicilio, se les ha retirado el pasaporte y prohibido salir del país para contener el riesgo de fuga. En caso de incumplimiento de algunas de ellas volverían a la cárcel, advirtió el juez.

El juez individualiza las actuaciones de los querellados y, en el caso de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart entiende que el peligro no desaparece con la declaración en sede judicial de que abandonan su estrategia unilateral de actuación, que acatan el artículo 155 de la Constitución o la promesa de evaluar su situación personal si sus afirmaciones resultan mendaces. «Exige constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real», señala el magistrado para desconfiar del alegato de los investigados.

En el caso del líder de Esquerra Republicana «su principalidad viene también marcada porque el liderazgo que ha ostentado en cada una de las fases del proceso, aporta a sus iniciativas una trascendencia social, administrativa e institucional que no es comparable con la que puede atribuirse a la mayor parte del resto de partícipes».

Sobre Sànchez y Cuixart, afirman que son el brazo ejecutor en la calle de la estrategia independentista del documento 'EnfoCATs', intervenido el 20 de septiembre, mientras que Joaquim Forn, como jefe político de los Mossos, «favoreció o no desplegó ninguna actuación» en el «asedio» a la comitiva judicial de la 'operación Anubis' en Barcelona, origen de la denuncia por sedición.