El exjefe de seguridad de la patronal bancaria también trabajó para Villarejo

El exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría, a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional, donde Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario José Villarejo./ Efe
El exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría, a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional, donde Manuel García Castellón, el juez que investiga al excomisario José Villarejo. / Efe

El exinspector Bonilla estuvo en la AEB en 2013, el mismo año en que pasó a nómina del comisario e hizo informes del BBVA, según declaró este lunes al juez

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

En el 'caso Villarejo' no hay casualidades. Toda la estructura de servicios de gestión de crisis que ofertaba el comisario jubilado a clientes de alto poder adquisitivo contaba con una amplia red de colaboradores. Ayudantes de campo situados en puestos específicos de la administración pública, Cuerpo Nacional de Policía, sobre todo, la empresa privada y los medios de comunicación que inflaban y publicitaban los millonarios trabajos de autor de José Manuel Villarejo, en prisión desde noviembre de 2017.

El caso particular de Antonio Bonilla Martínez es el ejemplo de asistente leal. Estuvo más de 25 años en la Policía, según su currículum abierto en Linkedin, y en 2010 dejó la placa para montar una empresa privada, Ambycol S.L. cuando ya era inspector jefe. En su nuevo cometido de asesor, consultor y gestor de seguridad fichó por Globalia como director de operaciones. En el holding empresarial propiedad de Juan José Hidalgo (Air Europa) estuvo hasta diciembre de 2012.

Imponen cautelares al hijo de Villarejo y a un antiguo embajador en la pieza de los navieros Pérez-Maura

En enero siguiente se fue a la Asociación Española de Banca (AEB) bajo la presidencia de Miguel Martín. En la patronal bancaria fue jefe de seguridad cinco meses y entre sus cometidos estaba la planificación de servicios de seguridad, contratación de personal y medios técnicos.

Fue en ese mismo año, 2013, cuando «Boni» no sólo estaba en nómina de la banca, sino también de su excompañero Villarejo. Con él coincidió en la llamada «cúpula de Linares», el grupo que dirigió la Policía a principios de los noventa, durante la etapa del socialista José Luis Corcuera. Coexistieron hasta que la entonces secretaria de Estado de Seguridad Margarita Robles, hoy ministra de Defensa, hizo una limpieza de altos cargos en 1995.

Esto provocó que algunos de los supuestos colaboradores uniformados de Villarejo se pasaran al sector privado. Unos acabaron en compañías de telecos, eléctricas, aseguradoras o bancos y otros crearon consultoras o agencias de detectives. A Bonilla esta salida le llegó en 2010.

Investigado ahora en varias piezas del 'caso Villarejo', compareció este lunes en la Audiencia Nacional ante el juez instructor Manuel García Castellón. Lo hizo en la causa 'Pit', relativa a un encargo de los navieros cántabros Pérez-Maura para frenar en 2016 la extradición de uno de ellos a Guatemala, donde está acusado por delitos de corrupción.

Según el juez, la implicación de Bonilla concuerda con la que ha tenido «como integrante de la organización investigada» y en las que facilita a Villarejo y a su socio Rafael Redondo información de «las bases de datos policiales o accesible para la Policía Judicial» por lo que recibe 2.000 euros al mes del Grupo Cenyt.

Análisis de riesgo

Esta relación, admitió este lunes Bonilla, se remonta a 2013 y su cometido consistía en realizar análisis con la documentación que le entregaba Redondo. En el marco de ese contrato también hizo informes sobre los 11 países en los que está el BBVA, relativos a los riesgos para sus empleados. Precisamente, en el juzgado existe una pieza relativa a las presupuestas tareas de espionaje realizadas por Villarejo a la entidad bancaria en plena operación con la constructora Sacyr. Unas tareas bajo la etapa del presidente Francisco González (2000-2018) y por las que pudo percibir unos diez millones de euros.

En la pieza Pit, el juez impuso este lunes a Antonio Bonilla una fianza de 15.000 euros, retirada de pasaporte, comparecencias quincenales y prohibición de salir del país. A otros dos investigados, José Manuel Villarejo Gil, hijo del comisario, y Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Estados Unidos, las mismas medidas cautelares pero sin fianza. El hijo de Villarejo facilitó «teléfonos de seguridad» a los implicados en este encargo porque su padre creía que el CNI les escuchaba, según el auto.

«Esto es una fábula. No tiene ni pies ni cabeza», defiende el exembajador Julio Ligorría

El exembajador de Guatemala en Estados Unidos Julio Ligorría se desmarcó este lunes de los encargos de Villarejo para frenar la extradición del naviero Ángel Pérez Maura a aquel país e incidió en que se reunió «un par de veces» con él pero en calidad de «referente del manejo de crisis» en España. Investigado por un delito de cohecho, Ligorría indicó que todas las afirmaciones sobre él que obran en el sumario forman parte de una «fábula» creada por Villarejo y su socio Adrián De La Joya, empresario de la 'jet set' en Suiza e investigado también en esta causa.

Una de las aristas de eso que llama «fábula» incluye una reunión de la que constan audios en la que ambos querían que la mano derecha del presidente estadounidense Donald Trump, Paul Manafort, inyectase 50 millones de euros en una campaña de Ligorría para hacerle presidente de Guatemala. «Eso es una fábula. No despegó y no aterrizó. No tiene ni pies ni cabeza», comentó.

En cuanto al presunto encargo de la mercantil de Villarejo para que frenase la causa contra Pérez-Maura, Ligorría aseguró que «no es cierto». «Eso pertenece a todo un proceso en manos de la Justicia en Guatemala y en España, nadie puede aceptar una tontería de esa magnitud». Sí admitió que tuvo un contrato con la mercantil Adesan, de la que es titular Enrique Maestre, la persona que supuestamente puso en manos de De la Joya y Villarejo el encargo de los Pérez-Maura. Sobre el exembajador pesa una orden internacional de detención dictada por Guatemala y la Audiencia Nacional rechazó extraditarle en 2018 dado que se había nacionalizado.