Jordi Sànchez seguirá en prisión porque comparte la estrategia de Puigdemont

Llarena deshechó el argumento de Sànchez de que los hechos que se le atribuyen no son constitutivos de delito e indicó que durante la instrucción han aparecido «nuevos elementos de soporte» de su participación, en alusión a la agenda 'moleskine' intervenida al exnúmero dos de Economía Josep María Jové, «que evidencia no sólo la reunión de partidos soberanistas y los representantes de ANC y Ómnium Cultural, sino que aquellos contemplaban la movilización ciudadana como un elemento estratégico para la consecución de la independencia».

El juez se refiere, además, a las numerosas intervenciones públicas en las que los representantes políticos y de las asociaciones soberanistas «han proyectado la existencia de una actuación compartida, habiendo llegado a afirmar Sànchez en una ocasión que, sobre esta cuestión, hablaba en nombre del expresidente Carles Puigdemont o de los partidos PDeCAT, ERC o la CUP, al tiempo que se ha proclamado garante de que se celebraría el referéndum del que derivaría la declaración de independencia, salvo que el gobierno del Estado lo impidiera con actos impropios».

También cita las convocatorias que se hicieron desde la ANC «para que los ciudadanos se congregaran en movilizaciones orientadas a dificultar la prohibición del referéndum o, incluso, dando pautas de cómo habrían de ocuparse los centros de votación en la madrugada del 1 de octubre, para imposibilitar con ello que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudieran llevar a término las decisiones judiciales de impedir su celebración».

El instructor insiste en la posibilidad de que haya reiteración delictiva porque, a diferencia de algunos encausados, en Sànchez hay un mayor riesgo ya que «no sólo no ha renunciado a la actividad pública que -desde diversos frentes- ha servido de instrumento para la ejecución de los hechos» sino que «ha revalidado su compromiso en una candidatura cuyo líder (Carles Puigdemont) proclama el objetivo de restablecer la dinámica política» de la pasada legislatura, con actuaciones unilaterales para instaurar la república catalana al margen de la legalidad.

Llarena considera en su auto que «no sólo debe atenderse a este elemento, sino a la marcada determinación con la que el encausado ha perseguido la consecución de sus objetivos, lo que se refleja en su impulso de movilizaciones multitudinarias de ciudadanos que -como se dijo en el auto de 4 de diciembre de 2017- favorecieron un estallido social, y que específicamente estimularon o asumieron el riesgo de que se expandiera una irreparable reacción violenta contra la convivencia y contra la organización territorial del Estado».

Llarena alude a la existencia de «un contexto político en el que concurren todavía sectores que defienden explícitamente que debe conseguirse la independencia de Cataluña de manera inmediata y que debe lograrse perseverando en el mecanismo de secesión contrario a las normas penales».

El juez considera que Sànchez, al igual que Puigdemont, «siguen así ajustados al plan de secesión que recoge el documento Enfocats, en el que se contemplaba abordar una legislatura constituyente con posterioridad a la desconexión del Estado español, y en el que se expresaba la necesidad de perseverar en la estrategia y en los objetivos aún en el supuesto de que el Estado interviniera las instituciones» de la Generalitat de Cataluña.