El futuro judicial del rey Juan Carlos pasa por su inviolabilidad ante la ofensiva de Corinna

Más allá de las revelaciones del 'caso Villarejo' en el verano de 2018, el giro inmediato de los acontecimientos tuvo lugar el pasado 4 de marzo. 'La Tribuna de Ginebra' publicó que don Juan Carlos tenía una cuenta en un banco suizo radicado en Bahamas. Estaba a nombre de la sociedad panameña 'Fundación Lucum'. En ese depósito habría ingresado 100 millones de dólares en 2008 del rey saudí Abdulá. Y de ahí salió en 2012 una entrega a Corinna de 65 millones de euros que ahora investiga Suiza.

 Tras conocerse estas informaciones, el abogado británico de Corinna, Robin Rathmell, del despacho Kobre&Kim, salió a escena este 4 de marzo con un comunicado. Admitió que su cliente recibió una «donación» de don Juan Carlos en abril de 2012, después del famoso incidente del safari de Botsuana. Justificó el «regalo» por los cuidados que la familia Larsen había ofrecido al rey emérito cuando estuvo enfermo. Y negó cualquier vínculo del pago con la intermediación de Corinna en la adjudicación del AVE saudí a un consorcio español (fue ejecutado en 2011 por 6.700 millones).

Con este contexto, este domingo llegó el comunicado de Zarzuela. La nota reconocía de forma implícita la existencia de esa sociedad panameña, de la que el rey Felipe ya rechazó cualquier derecho en abril de 2019 (un dato que se ha conocido ahora).

La reacción se produjo tras informar el diario britanico 'The Telegraph' que éste aparecía como segundo benefactor. Pero entre líneas, este comunicado ha alimentado los indicios delictivos que investigan las fiscalías suiza (blanqueo de capitales) y española (corrupción en negocios internacionales).

Más allá de las decisiones que tomen ahora los investigadores, el hecho de que el comunicado anunciara que don Juan Carlos había contratado a un abogado, el penalista Javier Sánchez-Junco, da buena medida del espinoso horizonte que se le presenta. No obstante, en todos estos frentes parte con una ventaja sustancial: la citada inviolabilidad de sus acciones en el ejercicio de su cargo como jefe del Estado.

En septiembre de 2018, el entonces juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea acordó, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el sobreseimiento provisional de la pieza del 'caso Villarejo' en la que se investigaban las grabaciones a Corinna. Unos audios de 2015 en los que ésta detallaba la presunta existencia de cuentas ocultas en Suiza pertenecientes a don Juan Carlos. Pero para el juez los indicios fueron «extraordinariamente débiles».

En ese auto, además, se recordaba que éste fue Rey hasta el 19 de junio de 2014 y, por tanto, en todos sus actos y acciones hasta aquella fecha, en virtud del artículo 56.3 de la Constitución, no está sujeta a responsabilidad (tras la abdicación ha pasado a ser aforado ante el Tribunal Supremo). Un alegato defendido por la misma Fiscalía que ahora investiga las comisiones del AVE saudí.

Pero ahora el contexto ha cambiado y los indicios se han incrementado. Pese a ello, los juristas consultados tienen discrepancias sobre si la inviolabidad afecta a ordenamientos jurídicos distinto al español, como el suizo. Hay quien considera que los fondos en el país helvético pueden ser un delito continuado en el tiempo y otros que ven camino a la demanda de Corinna en Londres si ésta documenta que ha sufrido «hasta hoy» acoso de los servicios secretos españoles, el CNI, para recuperar los documentos que posee sobre los negocios de don Juan Carlos.