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Sábado, 24 de marzo 2018, 00:04
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El 21 de febrero se negó a comparecer ante el juez Llarena y huyó a Suiza ante el temor de que, tras declarar, fuera a parar a prisión. En una entrevista en Ginebra, Anna Gabriel anunció su intención de pedir asilo político en el país helvético alegando que en España no tendría un juicio justo. Pero, ayer, el juez del Supremo hizo público que solo le imputa un delito de desobediencia, que conlleva una inhabilitación para cargo público de entre seis meses y dos años algo que no afecta a Gabriel porque ya no es diputada.
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