El IBI y las inmatriculaciones enfrentan al fisco y la Santa Sede

R. GORRIARÁN

madrid. La Iglesia Católica no paga IBI por sus bienes inmobiliarios dedicados al culto o a los servicios sociales. Los cálculos de lo que deja de recibir Hacienda por esta exención van desde los 600 a los 3.000 millones de euros anuales. La cifra es difícil de cuantificar por la dispersión de propiedades eclesiásticas, aunque un dato del Ayuntamiento de Madrid, que dejó de ingresar 45 millones entre 2007 y 2015 en concepto de IBI no pagado por la Iglesia, apunta que el montante estará a mitad de camino de ambas sumas.

La Iglesia niega que sea un privilegio y señala que está amparada por la Ley de Mecenazgo, que exime de este pago a distintas entidades, como las federaciones deportivas, las sedes de los partidos y sindicatos, la Sociedad General de Autores, el Museo del Prado, o las iglesias evangélicas y las comunidades hebrea y musulmana. No hay, pues, privilegio, afirma la Conferencia Episcopal.

Otro frente de batalla es el de los bienes inmatriculados por la Iglesia, que son aquellas fincas rústicas y urbanas que se inscriben por primera vez en el registro de la propiedad. Para la inscripción no se requiere más que el certificado de la autoridad eclesiástica correspondiente que diga que es de su propiedad. No es necesario aportar ningún documento probatorio más, y ninguna autoridad pública podrá revisar la efectiva y real propiedad del bien, según un informe del despacho Álvarez Ramos Abogados. Esto es así gracias a la reforma de la Ley Hipotecaria de 2015.

La Iglesia, admite el jefe de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Giménez Barriocanal, ignora cuántos bienes tiene inmatriculados. El Ministerio de Justicia anunció el año pasado que iba a hacer pública la lista, pero no lo ha hecho. Se maneja la cifra de 40.000 propiedades, desde iglesias y ermitas a frontones y residencias. El caso más famoso es el de la Mezquita de Córdoba, registrada en 2006 a nombre de la Iglesia por 30 euros.