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Madrid
Lunes, 25 de septiembre 2017, 01:30
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Al pequeño Aylán le conocimos boca abajo, postrado sobre la arena de una playa turca, rompiendo las olas del mar con su cuerpo mojado e inerte. Este niño sirio, de tres años y con la piel clara, tuv o que ahogarse y ser portada lacerante de los diarios de toda Europa para que Bruselas volviera al fin la mirada sobre sus fronteras del sur, a las que se aferraban –y se aferran– miles de personas que escapan de una vida de guerra, de violencia y de miseria en sus países de origen. Nunca, desde la Segunda Guerra Mundial, el mundo había conocido una crisis migratoria de semejante magnitud. Azuzada por la indignación popular y por su propia conciencia ante la tragedia de tantas familias, televisada día tras día en toda su crudeza, la Unión Europea se apresuró a entreabrir la mirilla de sus puertas de máxima seguridad y relajar el puño.
Era septiembre de 2015. En los dos años siguientes, el Viejo Continente acogería a otros 160.000 refugiados procedentes de Grecia e Italia –dos países colapsados por la llegada masiva de desplazados– y a otros 20.000 más que se encontraban en países vecinos a Siria. En total, 180.000. Ahora, cuando únicamente faltan dos días para que expire el plazo de veinticuatro meses establecido, los socios comunitarios apenas han cumplido con su compromiso al 25%. Únicamente han recibido a 45.617 de esas personas. España, por su parte, está entre los que contribuye a bajar la media. Con un sonrojante 11% de desplazados alojados, se erige entre los países más inhóspitos. Entretanto, en este tiempo, lejos de tomarse una tregua, el voraz Mediterráneo se ha tragado a cerca de 8.000 hombres, mujeres y niños como el tristemente famoso Aylán.
Nueve de cada diez solicitudes de protección internacional que aprueba España van a parar a ciudadanos sirios. Sin embargo, el agravamiento de la situación política en Venezuela en los dos últimos años ha disparado las demandas de asilo procedentes de ciudadanos de ese país, hasta el punto de que que constituyen ya un tercio del total de peticiones de amparo que tiene sobre la mesa el Ministerio de Interior. Solo hasta el pasado 31 de julio, recibió 17.000 solicitudes, frente a las 15.755 de todo 2016, las 14.881 del año anterior y las 5.647 de 2014. De ellas, un tercio están firmadas por venezolanos. En concreto, 5.700, cuando hace un par de año apenas llegaron a 600 en todo el ejercicio. El segundo grupo más numeroso de refugiados lo forman los sirios, con 2.100 peticiones, seguidos de ucranianos (1.500), colombianos (1.300), salvadoreños (720) y hondureños (620). Desde ACNUR, su portavoz en España advierte del peligro de establecer comparaciones entre la procedencia del grueso de las solicitudes y la de los asilos que se conceden. «No todas entran y y se aprueban en el mismo año. Según la ley española, el plazo para que el Ministerio de Interior se pronuncie sobre cada caso no debe superar los seis meses, pero está ocurriendo. El sistema de asilo actual no dispone de los recursos económicos y humanos necesarios para atender una demanda que ha experimentado un importante crecimiento», señala Rosa Otero. Buena prueba de ello son los 28.250 expedientes que se apilan en Interior y que mantienen en el limbo a cerca de 8.995 venezolanos y a 5.370 ucranianos.
En aquel reparto comunitario a cara de perro, desvirtuado con posterioridad con la creación de cupos ‘recomendados’ y de ‘cumplimiento obligatorio’ ante la presión ejercida por algunos países, el Gobierno de Mariano Rajoy se comprometió a dar cobijo a un total de 17.337 personas. El 8 de noviembre de ese mismo año, apenas dos meses después del pacto entre los socios europeos, los primeros solicitantes de asilo aterrizaban en España. Cuatro mujeres y ocho hombres. Once originarios de Eritrea, el lugar del planeta donde más se vulneran los derechos humanos y con mayor impunidad, y uno de Siria, donde las bombas y la metralla de seis años de conflicto bélico han matado a cerca de 500.000 personas, destruido la mitad de las infraestructuras del país y provocado 10 millones de desplazados. Desde entonces, han tomado tierra en suelo nacional otros veintinueve aviones procedentes de Grecia, Italia, Turquía y Líbano. Transportaban a un total de 1.971 refugiados. Ni uno más hasta la fecha, de manera que, a solo 48 horas para que pasado mañana concluya el límite fijado para culminar el reparto de refugiados, a España le queda por traer el 89% de su cupo: 15.354 personas, según los datos que recopila y actualiza la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Esta ONG lleva meses recriminando al Gabinete Rajoy su «pasividad» ante la crisis de desplazados. A estas alturas, cuando el tiempo se consume y los objetivos marcados se mantienen tan lejanos, considera más que probado el «estrepitoso fraude» que, a su juicio, ha supuesto el programa de reubicación diseñado por Bruselas. Por ello, demanda al Ejecutivo central que establezca «corredores humanos para acoger a las personas comprometidas. Es decir, que habilite vías legales y seguras para que esos refugiados soliciten asilo en nuestro país cuanto antes», explica a este periódico Paloma Favieres, directora de Políticas y Campañas de la organización.
Otro beligerante organismo no gubernamental, Oxfam Intermón, ha ido más lejos y esta misma semana ha denunciado al Gobierno del PP ante la Comisión Europea por su «desidia» en el cumplimiento de su asignación de desplazados. Con esta demanda, respaldada por el PSOE y por Podemos, pretende movilizar a los tribunales europeos «para que actúen contra el Ejecutivo de Rajoy y le exijan responsabilidades».
Quince jóvenes refugiados que se encuentran en territorio libio tendrán la oportunidad de conseguir un visado de estudiante y viajar a España en las próximas semanas para cursar una carrera en la Universidad de Barcelona. Representantes de la Fundación Solidaridad, creada por la institución académica para promover los derechos humanos y la acción social, están a punto de volar a Beirut para seleccionarlos con la ayuda de ONG desplegadas allí. Una vez culminado el proceso, la embajada española validará la documentación. «Los requisitos a cumplir son dos: que hayan iniciado estudios universitarios y que acumulen al menos 30 créditos», explican desde la fundación. Esta es la segunda edición del programa. En la primera participaron quince sirios, un afgano y un palestino. Tras emplearse a fondo durante un año con el castellano y el catalán y realizar un curso de transición a la Universidad, se han matriculado en Odontología, Ingeniería Informática, Bellas Artes, Derecho Internacional... «Es otra forma de ayudarles a escapar».
El descontento social por la tibieza de Europa en su respuesta al drama de los refugiados traspasa fronteras. ONG y plataformas como ‘#SickOfWaiting, Let’s bring them here!’ (Hartos de esperar. Traigámosles) y ‘Queremos acoger ¡ya!’ han convocado a los ciudadanos de todos los países miembros a salir a la calle el próximo sábado a las 17.00 horas para protestar contra la política migratoria de la UE y reclamar a los gobiernos comunitarios que abran sus puertas de forman inmediata a los desplazados que quedan pendientes.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la agencia asociada a las Naciones Unidas que se ocupa de organizar y efectuar los traslados aéreos de desplazados desde Líbano, Turquía o Jordania, admite la «lentitud» del proceso. Pero su responsable en España, María Jesús Herrera, introduce una variable: «No hay tantos refugiados que quieran venir a nuestro país. A menudo prefieren otros, como Alemania, porque saben que su situación económica es mejor o porque, a estas alturas, muchos cuentan allí ya con familiares o amigos», asegura.
Decenas de pueblos españoles se encuentran en muerte vegetativa. Fallecen más vecinos de los que nacen. El 80% de los municipios vallisoletanos corre el riesgo de quedarse sin menores de edad en cuestión de años. Esta situación llevó a su Diputación a financiar, apoyada también con fondos europeos, un estudio universitario que planteó arraigar a refugiados, exiliados y migrantes en el mundo rural y frenar así el agónico despoblamiento. En muchos pueblos, en las que han visto cerrar las escuelas ante la ausencia de niños o en donde únicamenet residen jubilados, su población parece verlo con buenos ojos. En Salamanca también sopesan una propuesta que, sin embargo, presenta una fuga clamorosa: el catedrático Francisco Burillo, experto en despoblamiento, advierte de que repoblar la España vacía con refugiados solo alumbrará «guetos», a menos que se acompaña de un sólido plan de desarrollo económico.
Remisos o no a intentar forjarse una nueva vida en la Península, los candidatos no parecen escasear. Sin contar los desplazados que siguen cruzando el Mediterráneo prácticamente cada semana o los que acaban de arribar y aún no han sido ‘fichados’ por las autoridades europeas, Bruselas cuantifica en 2.800 los aspirantes potenciales a ser acogidos en algún país miembro que se encuentran en la actualidad en Grecia y, en 4.000, los que aguardan en Italia. Para ser considerado candidato a entrar, el requisito indispensable fijado por la UE y que en su momento levantó ampollas entre las organizaciones sociales por «discriminatorio» consiste en tener pasaporte de Eritrea, Siria, Yemen, Bahamas, Baréin, Bután, Catar o los Emiratos Árabes Unidos. El resto de procedencias no son ni siquiera estimadas. Al otro lado del Mediterráneo, los desplazados son muchos más. Líbano, Turquía, Jordania e Irak se distribuyen como pueden millones de ellos. Solo los sirios suman 5 millones, expone Rosa Otero, portavoz en España de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR.
Entretanto, 45.617 afortunados tratan de poner rumbo a su nueva vida en algún punto de Europa. En España, la Cruz Roja se ha ocupado de recibir y acomodar en Andalucía, Cataluña, Navarra, Madrid o el País Vasco a un tercio de los 1.983 refugiados que han llegado en estos dos últimos años. Lo hace con la ayuda de un ejército de educadores sociales, traductores, psicólogos, abogados, técnicos de empleo y voluntarios para labores de acompañamiento, que los reciben en el mismo aeropuerto. Desde ese momento y durante los siguientes veinticuatro meses, intentarán que se conviertan en ciudadanos autónomos. «Vienen cansados, abrumados por el recibimiento y la incertidumbre, pero con ganas de normalizar sus vidas. Llevan una mochila muy pesada. Hay niños que se te echan a llorar de alegría cuando les dices que en unos días irán a la escuela», cuenta Raquel Fernández, técnico del programa de asilo de la Cruz Roja.
El protocolo de acogida de refugiados del Ministerio de Interior contempla una primera fase, que se extiende de seis a nueve meses en función de su grado de vulnerabilidad (menores, mayores de 65 años, víctimas de violencia sexual, tortura, trata...), en la que el Estado les aloja en una casa de acogida y les proporciona la cobertura básica necesaria. En ese tiempo, los adultos reciben una ayuda de bolsillo de entre 50 y 60 euros al mes.
En la segunda, que dura de seis a once meses, dejan las casas para ocupar pisos de alquiler. El Estado cubre las rentas, los gastos escolares y les proporciona ayudas para la formación ocupacional y para la manutención. Una familia de cuatro miembros percibe para ese concepto 600 euros al mes. En la tercera y última fase de tutela estatal, que no rebasará el medio año, mantendrán el apoyo profesional, pero solo obtendrán ayudas económicas puntuales. Interior considera que, para entonces, ya deben estar en disposición de volar solos.
A cambio, los beneficiarios deben comprometerse a poner todo su esfuerzo en aprender castellano. «Es clave para su integración», enfatiza Mónica López, directora de programas de inserción de CEAR. Pero no siempre ocurre así. «La ilusión por emprender una nueva vida es relativa. Creen estar de paso. En la cabeza de un refugiado siempre está la misma idea: volver a su casa cuando el peligro haya pasado».
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