El indulto, a juicio por los delitos de rebelión, sedición y corrupción

Rivera y Casado quieren evitar con una reforma de la ley que el Gobierno pacte un hipotético perdón a los líderes juzgados por el 'procés'

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO

Aunque se trata de una ley que a día de hoy genera más polémica que nunca, el inicio de la Transición española se celebró a golpe de indulto. El 22 de noviembre de 1975, coincidiendo con la proclamación del rey Juan Carlos como jefe de Estado y «como homenaje a la memoria de la egregia figura del Generalísimo Franco» -fallecido dos días antes-, se perdonaron o redujeron las condenas de más de 12.000 presos, siempre que no tuvieran delitos de terrorismo o monetarios. Se conmutaron desde privaciones del permiso de conducción hasta penas de muerte. Algunos presidiarios vieron reducida la duración de su pena, de más de 20 años, en una sexta parte. Nunca antes se habían hecho tantas maletas en las cárceles como aquél día.

Desde entonces se han concedido en España una media de 500 indultos al año, si bien es cierto que desde 2014 su número ha bajado drásticamente y no se ha vuelto a superar la centena de forma anual. Coincidiendo con el inicio del juicio del 'procés', que trata de dilucidar las acusaciones de rebelión, sedición, malversación y desobediencia que pesan sobre doce líderes separatistas catalanes, el debate sobre los delitos que deberían ser excluidos de esta ley ha vuelto a la palestra. Ciudadanos cree que existe la posibilidad de que «el Gobierno indulte a aquellos que resulten condenados para sacar adelante los Presupuestos», tal y como expresó el líder de la formación naranja, Albert Rivera, una línea que apoya el Partido Popular.

Por ello, el propio Rivera inició ayer una campaña en las redes sociales con el lema #IndultosNo, además de prometer en el Congreso -en una intervención con tintes claramente preelectorales- que «no concederemos indultos si hay condena a los independentistas».

Ciudadanos inició una campaña en redes sociales con el lema #IndultosNo

Intromisión a la labor judicial

Precisamente fue el PSOE, el partido contra el que ahora cargan, el que ya registró en 2016 una proposición para reformar dicha ley, que data de 1870, y propuso prohibir los indultos en los casos de corrupción y violencia de género, iniciativa que enmendó el PP para ampliar el catálogo de delitos excluidos a la rebelión y la sedición. La figura del indulto continúa generando polémica porque no deja de ser objetivamente una intromisión del poder político en la labor del judicial cuyo uso, a veces, no se ve con buenos ojos desde los partidos que se encuentran en la oposición ni por la sociedad.

De ellos, los relativos a delitos corrupción, malversación o prevaricación, suelen ser los más llamativos porque afectan a empresarios o políticos ligados a determinados partidos que ostentan el poder. Durante el Gobierno de Felipe González se indultaron a 10 personas condenadas por este tipo de delitos; José María Aznar lidera el 'ranking' con 139; mientras que con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) se aprobaron 62. Mariano Rajoy, por su parte, bajó la cifra a un total de 16.

A principios de enero, la reforma se debatió en el Congreso con la presencia de tres juristas especializados: el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas; el abogado del Estado Jesús López-Medel, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Lleida, Josep María Tamarit. Todos se mostraron contrarios a fijar un listado de delitos excluidos en esta medida de gracia, aunque también han coincidido en exigir al Gobierno una motivación amplia y razonada al concederlos.

En medio del clima político que se vive en Cataluña, este debate también ha tenido resonancia. Jaume Alonso-Cuevillas, abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, amenazó que si finalmente se excluía la rebelión y la sedición de esta medida de gracia llevará el caso al Tribunal de Estrasburgo. «El Estado no debería cerrar las puertas a la posibilidad de hacer política algún día, porque puede haber pronunciamientos de instancias, de tribunales internacionales, que obliguen a los poderes del Estado a tener que hacer política», manifestó. De momento, la reforma de la ley se seguirá debatiendo en el Congreso, aunque probablemente ya fuera de esta legislatura si se confirma que Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales al próximo 28 de abril.

 

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