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El PP hurtó a la justicia documentación clave de Bárcenas con ayuda de Villarejo

El sumario revela que el excomisario usó bases de datos de la Policía para conseguir información con la que chantajear al extesorero

MELCHOR SÁIZ-PARDO

Martes, 15 de septiembre 2020, 00:02

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madrid. El PP consiguió, al menos durante más de cuatro años, hurtar a la justicia y a la policía documentación clave sobre sus presuntas finanzas irregulares que guardaba Luis Bárcenas. El partido que entonces dirigía Mariano Rajoy, gracias a la contratación de los servicios del excomisario José Villarejo, en 2013 se hizo con esa información en el marco de la denominada 'operación Kitchen', puesta en marcha por el ex alto mando de la Policía Nacional con el apoyo de la subdirección del cuerpo y la supuesta aquiescencia de la cúpula del Ministerio del Interior que entonces dirigía Jorge Fernández.

Las graves acusaciones de ocultamiento y obstrucción a la justicia por parte del PP de Rajoy figuran en un vasto informe de más de 500 páginas remitido el 17 diciembre de 2019 al Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el marco de una de las investigaciones del 'caso Gürtel'. En ese dossier, sobre el que se acaba de levantar el secreto, se hace referencia a los documentos que han sido remitidos por el Juzgado de Instrucción número 6, que es el que se ocupa de la macro investigación sobre los negocios de Villarejo.

En ese documento se desvela que la mañana del 3 de noviembre de 2017, poco después de que el exmando policial fuera detenido, los agentes de Grupo III de Asuntos Internos encontraron en su vivienda en la finca El Montecillo (Boadilla del Monte, Madrid) información del 'caso Gürtel' y de Bárcenas que jamás había llegado a los juzgados. Según desvela el último informe policial que ahora ha visto la luz, en la vivienda se hallaron escondidos «ocho archivos digitales», «de los cuales cuatro contenían información relacionada con Luis Bárcenas», según relata el atestado.

El informe revela que esa documentación -que el PP había logrado hasta este día sustraer a la justicia y que se ha dado en llamar policialmente 'Indicio BE 28'- incluía todo tipo de datos sobre «operaciones derivadas de su cargo como tesorero de la formación política como contratos, facturas, documentación vinculada a campañas electorales de Madrid y extractos bancarios».

El informe deja claro que la voluntad de la formación de Rajoy era «guardar (esa información) en condiciones de seguridad» para «garantizarse con ello el conocimiento de su contenido por parte de los responsables de la formación política y el control sobre la misma evitando la difusión a terceros de información sensible y la posibilidad que pudiera incorporarse al procedimiento judicial en curso convirtiéndose en nuevos elementos indiciarios».

«Sustraerlos»

La UDEF zanja que no hay dudas de que el «objetivo» de «la investigación sobre Luis Bárcenas y su entorno familiar denominada 'Kitchen' desplegada por el Ministerio del Interior se centró en la localización de documentos en poder de éste» relacionados con la contabilidad B del partido. Todo ello, «con el fin de apoderarse de los mismos y sustraerlos a la investigación judicial en curso».

Los investigadores apuntan que las dos personas que consiguieron robar a Bárcenas la información confidencial y la almacenaron en un disco duro a disposición de los dirigentes del PP fueron el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal cuando ésta fue presidenta castellano-manchega, y el exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, al que Villarejo captó como confidente y que luego logró entrar en la plantilla de la Policía Nacional.

Pero el PP, gracias al 'operativo Kitchen' y a Villarejo, no solo pudo tener acceso a los documentos que guardaba su extesorero, sino a todo tipo de información sobre «su situación financiera, su entorno familiar y de su patrimonio oculto». Y es que la UDEF revela que el excomisario no dudó en hacer un uso extensivo de la «información de inteligencia» que le proporcionó el acceso ilegal a las bases de datos oficiales de la Policía Nacional.

Villarejo y sus policías corruptos, relata el informe, llegaron al punto de abrir en mayo de 2013 un expediente sobre Bárcenas, sin ningún tipo de control judicial, en las bases de datos policiales de «inteligencia criminal», lo que les facilitó un caudal ingente de información al poder cruzar «datos de personas, vehículos, lugares de reunión y sociedades relacionadas». La utilización de esas bases, y «posterior cesión de información», fue «acordada» por el entonces número dos de la Policía, el director adjunto operativo, Eugenio Pino.

La UDEF llega a la conclusión de que la intención del PP tras contratar a Villarejo no era solo saber la información sensible sobre el partido que podía guardar el extesorero, sino también conocer las «vulnerabilidades» de Bárcenas y su «entorno» para «aprovecharlas como arma a su favor en una negociación».

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