La huelga de los taxistas contra los VTC amenaza con colapsar Madrid y Barcelona

Decenas de taxistas bloquean ayer uno de los accesos al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid. :: ep./
Decenas de taxistas bloquean ayer uno de los accesos al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, en Madrid. :: ep.

Uno de los manifestantes resultó herido al ser embestido por un conductor que se dio a la fuga

A. AZPIROZ / C. REINO MADRID / BARCELONA.

Los taxistas de Madrid y Barcelona están en pie de guerra contra la competencia de los VTC (vehículos de las empresas Uber y Cabify), y no van a parar la huelga hasta que las administraciones -Gobierno central o comunidades autónomas- atiendan sus reivindicaciones.

La capital vivió ayer los altercados más graves. Ocurrieron después de que el Gobierno regional del popular Ángel Garrido dijera que no está en su mano atender parte de las reclamaciones que se le han planteado en la mesa de negociación. Los taxistas se concentraron en las inmediaciones de la Feria de Madrid, donde este miércoles los Reyes inaugurarán una nueva edición de Fitur, un evento que amenaza con quedar empañado por las protestas. La cita del turismo por excelencia es una importante fuente de ingresos para el sector del taxi, pero en esta ocasión se ha renunciado a ellos. Según anunciaron los taxistas, si no se les ofrece una solución antes de las 10:00 horas de hoy a «Fitur no entra ni Dios», ni siquiera el jefe del Estado.

Los taxistas colapsaron los accesos al aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas y varios días a lo largo de la jornada. Uno de ellos fue atropellado por un VTC cuando intentaba cortar la carretera A-2. El hombre, de 30 años, fue trasladado al madrileño hospital de La Paz con un traumatismo craneoencefálico y fue ingresado en la UCI en estado muy grave. En unas imágenes captadas por Mediaset se aprecia cómo la víctima salta sobre el capo del coche y se golpea la cabeza contra el cristal delantero. El conductor que lo embistió se dio a la fuga aunque después se personó en un cuartel de la Guardia Civil.

Pese a su voluntad de no ceder, los taxistas accedieron ayer a una mediación por parte de la patronal madrileña. En cualquier caso, su desconfianza hacia el Ejecutivo de Garrido es máxima. Y no es para menos. El presidente Garrido asegura que no cederá y exigió a la Delegación de Gobierno en Madrid una respuesta de las fuerzas de seguridad ante las protestas. El Ayuntamiento de Madrid se mostró dispuesto a tomar cartas en el asunto.

Reunión con la Generalitat

En la ciudad condal ayer se recuperó en parte a calma tras varias jornadas de tensión, aunque eso no evitó que se cortara la Gran Vía barcelonesa. Según los Mossos, en cinco días, se han producido alrededor de setenta denuncias durante las protestas, la mayoría por agresiones a coches de VTC.

El lunes los taxistas, que aseguran estar en contacto con los 'chalecos amarillos' que desde hace meses mantienen en jaque al gobierno de Emmanuel Macron, advirtieron de que no les temblará el pulso para cerrar la frontera con Francia. Incluso han señalado su voluntad de desplazarse a la localidad belga de Waterloo para negociar con el fugado Carles Puigdemont. Podría no ser necesario. El Govern realizó ayer una propuesta que hoy será votada por los sindicatos. El problema es que, si los taxistas la aceptan, Uber y Cabify han avanzado que dejarán de operar en Barcelona. Ambas compañías poco menos que acusaron a la Generalitat de ceder a un chantaje.

El Govern, por su parte, carga la responsabilidad de lo que ocurre al Gobierno central por «dimitir de sus responsabilidades» intentando traspasar toda la presión a las comunidades autónomas. El Ejecutivo catalán, curiosamente, no descarta intentar devolver esta competencia a Madrid. No obstante, desde la Generalitat se ha avisado de que no les temblará la mano si se ven obligados a actuar. El límite que se ha establecido para el pacto es la celebración dentro de un mes del Mobile World Congress en la capital catalana.

Al margen de las ciudades, las reivindicaciones son las mismas: reducir el número de licencias VTC y ampliación del tiempo mínimo para realizar una contratación, que se exige que sea al menos de horas. Las administraciones argumentan que no puede ser lo mismo una regulación para una ciudad como Logroño que para otra como Madrid.

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