Las horas más decisivas de la historia del Senado

El primer paso será la creación de una comisión específica con 27 senadores de la Constitucional y de la de Comunidades Autónomas, que estará encabezada por el presidente del Senado, el popular Pío García-Escudero. La comisión se constituirá el martes y estará formada por 15 representantes del PP, seis del PSOE, dos de Podemos, uno de Esquerra, otro del PNV, un miembro del grupo nacionalista en el que está inscrito el PDeCAT, y uno del Grupo Mixto.

Con esta fórmula se obvia que la tramitación se sustancie en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la que pueden comparecer si lo solicitan los presidentes autonómicos, posibilidad que hubiera alargado el procedimiento. La comisión creada estudiará la propuesta de intervención que aprobó ayer el Consejo de Ministros y podría enmendarla para la elaboración del dictamen final, aunque es poco probable salvo que PP y PSOE se pongan de acuerdo para introducir alguna modificación sobre la marcha.

El presidente de la comisión también citará al presidente de la Generalitat para que en persona, o a través de un intermediario, defienda sus alegaciones a la propuesta del Gobierno. Carles Puigdemont tendrá un plazo de 48 horas que acabará el jueves para acudir al Senado. El viernes a primera hora la comisión aprobará su dictamen, y al mediodía se convocará un pleno extraordinario, que se prevé largo, para dar luz verde al plan del Gobierno de Rajoy para intervenir las competencias de la Generalitat.

"El Senado tiene la función de control del 155 porque es un instrumento muy relevante y cuando el constituyente redactó la Constitución, quiso que esta potencia de regular la coacción estatal sobre las comunidades autónomas quedase en manos de la Cámara alta. Supuestamente, esta iba a ser la cámara de la representación territorial. Pero lo lógico es que un poder tan fuerte hubiera quedado en manos del Congreso, que es lo que ocurre con poderes similares como el estado de excepción y el estado de sitio", explica Roberto Blanco Valdés, profesor de la Universidad de Santiago.

En cualquier caso, el pleno que dé luz verde al artículo 155 puede representar un antes y un después para el Senado. Los constitucionalistas coinciden en que la Cámara alta necesita una renovación, según los más moderados, y directamente la supresión, según aquellos que creen que no existe ninguna razón para mantener una segunda cámara con apenas funciones reales.

El Senado está compuesto por 264 parlamentarios, aunque la cifra es variable (por los cambios de población de las comunidades autónomas). En las elecciones se eligen 208, cuatro por provincia más uno por cada isla, y el resto son los designados por los parlamentos autonómicos. Sus cometidos son similares a los del Congreso (crear leyes), pero siempre bajo la supervisión de la Cámara baja, que aprueba o rechaza la legislación que llega desde la Alta. También es una cámara de segunda lectura. Y el hecho de que los senadores se agrupen por partidos, y no por regiones, limita su función de cámara de representación territorial. Tiene un presupuesto de 53 millones de euros, una cifra que Blanco Valdés cree que el Estado debería ahorrarse suprimiéndolo.

"El Senado es un engendro total, es un completo disparate", sostiene el profesor de la Universidad de Santiago. "No cumple con la función territorial ni tampoco es proporcional. Es increíble que una comunidad como Madrid tenga muchos menos senadores que Castilla y León", agrega.

El constitucionalista Francesc de Carreras sí cree que una reforma siguiendo el modelo alemán serviría para que el Senado cumpliera con su misión "integradora". "No resolverá la cuestión catalana, pero haría que las comunidades autónomas pudieran dar su opinión sobre futuras leyes o eligieran altos cargos del Estado y en este caso, perderían razones para la desconexión", destaca De Carreras. No es de la misma opinión Blanco Valdés: "No existe ninguna razón que nos haga pensar que un Senado territorial vaya a reducir las reclamaciones de los nacionalismos".