Granados implica en la caja B del PP a los tres últimos presidentes madrileños

Fue una declaración medida. En ningún momento habló de caja B ni de financiación irregular, y se refugió en eufemismos tales como «refuerzo» o «campaña paralela». También tuvo cuidado en quedar al margen de cualquier práctica ilegal pese a haber estado entre 2003 y 2011 en el núcleo duro de las decisiones en su condición de secretario general del PP de la Comunidad de Madrid y de consejero de Presidencia, Transportes, Justicia e Interior.

Granados declaró ante el juez del 'caso Púnica, Manuel García Castellón, y lo hizo durante tres horas y media durante las que solo respondió a su abogado. Deberá volver el 20 de febrero para contestar al fiscal. Dejó sentado que Aguirre y González controlaban «todo» en la Comunidad de Madrid, desde los nombramientos de cualquier nivel a los asuntos por nimios que fueran que llegaban al Consejo de Gobierno.

Explicó, como muestra de ese control minucioso, que Aguirre modificó un plan con dinero público para obras de los ayuntamientos madrileños porque los gobernados por el PSOE recibían los recursos económicos y luego no la invitaban a las inauguraciones. La expresidenta decidió que las obras fueran adjudicadas por el Gobierno sin que los consistorios participaran.

Más preocupante para Aguirre fue el recordatorio de que ella nombró en 2004 a Eduardo Larraz consejero delegado de Arpegio, empresa que gestiona el suelo público de la Comunidad de Madrid. Esta compañía, según la investigación, es una pieza fundamental en la trama Púnica, y Larraz, que estuvo al frente de ella hasta 2008, está acusado del cobro de comisiones irregulares a los constructores por concesiones de parcelas. La Guardia Civil, además, halló en un banco suizo 146 lingotes de oro de su propiedad valorados en dos millones de euros.

Granados, considerado el cabecilla de la trama Púnica, fue detenido en octubre de 2014 y salió en libertad en junio de 2017 previo pago de una fianza de 400.000 euros. La Guardia Civil también encontró en un banco suizo 1,6 millones de euros a su nombre, que el exnúmero dos del PP madrileño asegura que son réditos de sus operaciones en la bolsa, y los investigadores sospechan que es dinero de comisiones. El pasado enero, Granados pidió a García Castellón hacer una declaración voluntaria para defenderse de las acusaciones de su exsocio el constructor David Marjaliza y antes de acudir ayer a la Audiencia Nacional dijo que iba a «contar todo».

Es difícil saber si cumplió su palabra, pero lo que relató abrió un roto para el futuro procesal de Aguirre y González, y el político de Cifuentes. Sostuvo que la expresidenta madrileña financió sus campañas electorales de 2007 y 2011 con dinero negro, pagadas «a través de facturas de publicidad que se cargaban a empresas», entre ellas el Canal de Isabel II, vinculadas al Gobierno regional.

Esas campañas en negro, al menos «en una primera fase», fueron dirigidas por González, presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015. Fue, explicó, una «campaña paralela de refuerzo» a la que dirigía él mismo y que estaba «perfectamente contabilizada» y era «legal». Las actividades de Aguirre y González eran conocidas por la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid porque tenía «una relación» con el segundo y formaba parte, a pesar de ser una diputada con escasa relevancia política, del «núcleo de control» hasta que se produjo una «ruptura sentimental». Cifuentes se negó a comentar las palabras de «un presunto delincuente», y aunque apuntó que le daba «igual lo que diga», anunció una querella porque sus palabras son «un grave atentado contra su honor y su imagen».

Granados tiene un problema con su declaración, no puede sustentar sus acusaciones con documentos o con algún otro elemento probatorio. Argumentó que no tenía nada que confirmase sus palabras porque no se llevó «ningún papel» cuando fue destituido por Aguirre y dejó la administración pública. «Pero -apostilló- todo lo que he dicho hoy (por ayer) se puede comprobar».