El Gobierno señala que la rendija para el diálogo con la Generalitat es la vuelta a la ley

Esa ha sido siempre la condición. En el «escenario de la pelea», sin embargo, a dos días del referéndum, el Gobierno resolvió el viernes pasado sacar toda su artillería y desacreditar para el diálogo al presidente de la Generalitat y al número dos del Ejecutivo autonómico, Oriol Junqueras. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, dejó meridianamente claro que «con el señor Puigdemont, no». Una semana después, sin embargo, todo aconseja prudencia.

«Una vez se vuelva a la legalidad se podrá empezar a hablar en el Parlamento de Cataluña y fuera», tendió la mano el portavoz del Gobierno. Fuentes gubernamentales insisten en que «lo más importante» es que se renuncie a aprobar una declaración unilateral de independencia la próxima semana en la Cámara catalana. Al menos sería un primer paso.

A partir de ahí, el Ejecutivo sostiene que el independentismo tendrá que restituir el diálogo en el Parlamento autonómico para «sellar la fractura» provocada en el pleno de los días 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad sin escuchar las alegaciones de la oposición al procedimiento empleado. «Es importante cerrar esa brecha», incidió en la rueda de prensa Méndez de Vigo.

Mientras tanto, el Gobierno justifica que no se hayan establecido contactos, ni tan siquiera discretos, con la Generalitat desde el 1 de octubre. Así lo confirmaron al menos ayer fuentes oficiales de la Moncloa. Las mismas voces hacen ver que la amenaza de ruptura se entiende como un «chantaje» que no permite conversación alguna y reclaman al Ejecutivo catalán no dar «pasos sin vuelta atrás».

Méndez de Vigo advirtió este viernes de que, además, la declaración unilateral no sólo impide sentar las bases de una nueva etapa de entendimiento, sino que descartó que pueda derivar en una república catalana. «Si al final se hiciera, no tendría ninguna consecuencia política o jurídica en el plano internacional, porque no basta con que el Parlamento se declare independiente, tienen que reconocerte el resto de los Estados miembros de la comunidad internacional y la UE -subrayó-; y la UE lo dicho claro: no lo va a hacer».

Este planteamiento es relevante en cuanto denota que el Gobierno no tendría esa urgencia que defiende Ciudadanos por detener las aspiraciones de los partidos secesionistas antes de que se vuelvan a mover. De hecho, ante las presiones para que active sin demora el artículo 155 de la Constitución e intervenga la autonomía de Cataluña, el presidente llamó esta semana, en una entrevista concedida a EFE, a la calma. «Tarde no vamos a llegar a ninguna parte, porque no se va a producir la independencia de Cataluña», rechazó Rajoy.

En el plano internacional, sin embargo, sí han mermado la fortaleza moral del Gobierno las imágenes de las fuerzas de seguridad interviniendo en los centros de votación el 1 de octubre. Fuese o no fiable el balance de heridos, que el Ejecutivo pone en cuestión, Méndez de Vigo concedió que el Gobierno «siente» si hubo «personas perjudicadas». Recordó ayer, en todo caso, que Policía y Guardia Civil cumplían un mandato judicial: «Se dirigieron para evitar la votación, no contra la gente; el que hubiera personas que sufrieran esas consecuencias es algo que todos lamentamos». Un cambio sutil pero relevante en el discurso, cuando la misma noche del referéndum Rajoy obvió los incidentes en las calles.