El Gobierno no revisará la euroorden ni Schengen por el fallo sobre Puigdemont

Carles Puigdemont posa frente al Parlamento alemán el pasado 23 de mayo. :: Marcelo del Pozo/ reuters/
Carles Puigdemont posa frente al Parlamento alemán el pasado 23 de mayo. :: Marcelo del Pozo/ reuters

Considera que las críticas del PP y Ciudadanos les acercan a las tesis ultranacionalistas de las fuerzas eurófobas

RAMÓN GORRIARÁN MADRID.

Ni renuncia a la euroorden ni revisión del tratado de Schengen. El Gobierno considera que el PP y Ciudadanos se han excedido en las críticas a la decisión del tribunal alemán de rechazar la extradición a España de Carles Puigdemont por un delito de rebelión. Una decisión que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha heredado de la gestión judicial del conflicto independentista del anterior Gobierno, pero que ni valora ni comenta, solo «respeta».

Los comentarios de populares y liberales son propios de «algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas», apuntó la portavoz gubernamental en clara referencia a las tesis ultranacionalistas de las fuerzas euroescépticas de otros países de la Unión. El Gobierno, explicó Isabel Celaá tras el Consejo de Ministros, «no comparte» las críticas vertidas al funcionamiento de la euroorden porque ha demostrado ser una herramienta «eficaz» por más que en esta ocasión haya permitido que la justicia de Alemania diera un revolcón al Tribunal Supremo español. La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein limitó la extradición de Puigdemont al delito de malversación en el referéndum del 1 de octubre y excluyó el de rebelión.

Del mismo modo, añadió la también ministra de Educación, el Gobierno defiende la vigencia del espacio Schengen «en todos los sentidos» porque es un «elemento extraordinario» para la construcción europea.

El Ejecutivo aparca la reforma del delito de rebelión que reclamó Sánchez en la oposición

Las órdenes europeas de detención y entrega, recordaron desde la Moncloa, han demostrado su eficacia en la lucha antiterrorista o en el combate al crimen organizado, y ahora, por una decisión contraria al Tribunal Supremo, no se puede poner en solfa. Lo mismo se puede decir, agregaron, del tratado de Schengen, en vigor desde 1995 y que elimina las fronteras interiores para la libre circulación de bienes y personas entre 26 países europeos. Ambos son piezas claves para la Unión Europea.

El líder de los eurodiputados populares, Esteban González Pons, pidió ayer al Gobierno que diera «un zapatazo» al tratado europeo de libre circulación, Schengen, porque permite que personas con problemas judiciales en un país huyan a otros sin temor a las consecuencias judiciales. Así, dijo, ha ocurrido con Puigdemont y puede ocurrir con los exconsejeros y dirigentes refugiados en Bélgica, Escocia y Suiza. Pedro Sánchez, prosiguió, tiene que «defender la dignidad de España» porque en Europa «el que no protesta no es escuchado».

Sin cambios

El candidato a liderar el PP, Pablo Casado, también reclamó «respeto» para España y su «soberanía jurisdiccional», y si no es así abogó por «suprimir» la vigencia del espacio Schengen para España. Sin tanta virulencia, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denunció que la justicia alemana lanzó «un mensaje perverso» con el expresidente catalán ante el que habrá que replantear «si lo que hacemos con la euroorden es beneficiar a los que huyen».

El PP mientras estuvo en el Gobierno defendió una reforma de la euroorden para, entre otros aspectos, ampliar la lista de 32 delitos que implican una extradición automática. En esa relación no figuran ni la rebelión ni la sedición ni la malversación. Pero el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá, no pasó de las palabras a los hechos y España nunca puso sobre la mesa los cambios en la orden europea de detención y entrega.

El Gobierno considera que las críticas del PP son parte de su estrategia de oposición porque si estuvieran en el Ejecutivo no pondrían en tela de juicio el armazón jurídico-policial de la UE, como no lo hicieron en los casi siete años de Mariano Rajoy en la Moncloa. Tampoco lo va a hacer Sánchez, informó la portavoz, ni siquiera en el cambio de la tipificación del delito de rebelión que anunció el hoy presidente mientras fue líder de la oposición.

El asunto «no se ha tratado en el Consejo de Ministros», despachó Celaá. Sánchez se mostró partidario de ampliar los supuestos que deben concurrir para que haya un delito de rebelión sin necesidad de que fuera un pronunciamiento militar o que tuvieran que ser hechos con especial violencia. Ahora, ese planteamiento «no procede ni está determinado ni decidido», apuntó la portavoz, aunque la ministra de Justicia no lo descartó durante su reciente comparecencia en el Congreso. Dolores Delgado hizo suya la idea y anunció que se abrirá en el Gobierno «un debate sosegado» para adaptar el delito de rebelión a los nuevos tiempos.

 

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