El Gobierno nacionalista escocés solo ofrece apoyo moral a Ponsatí

Comín, Serret y Puig siguen supuestamente en tierras belgas a la espera de ponerse a disposición judicial en las próximas horas

ADOLFO LORENTE CORRESPONSAL

bruselas. Han pasado 147 días desde entonces. Junto a sus excompañeros de Gobierno, Clara Ponsatí aterrizó en Bruselas el 30 de octubre de 2017 huyendo de la justicia española. Que si Franco, que si la dictadura, que si la represión... Quizá harta de esperar no se sabe muy bien qué, decidió dejar la capital comunitaria el 10 de marzo camino de Escocia para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews. Ayer, 15 días después, negociaba con la policía escocesa el cómo y el cuándo entregarse para someterse al procedimiento judicial de la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena. Así lo confirmó la propia policía y el Gobierno nacionalista liderado por Nicola Sturgeon, que criticó políticamente lo ocurrido pero no tuvo más remedio que reconocer que la ley es la ley y que la cumplirá. El Estado de la UE es Reino Unido y será la legislación británica la que decida el futuro de la exconsejera.

Ponsatí forma parte del 'cuarteto de Puigdemont'. Los otros tres, Toní Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret, continúan residiendo en Bruselas. Supuestamente, claro, porque no han dado señales de vida y viendo lo sucedido con el expresident y, sobre todo, con la fuga a Suiza de Marta Rovira, es difícil poner la mano en el fuego por nada. La Fiscalía belga lo único que confirma es que han recibido las órdenes de detención y entrega a España. Nada más. Respecto al paradero de los tres exconsejeros, se espera que se entreguen en las próximas horas ante la policía belga, que luego deberá ponerles a disposición judicial para iniciar el complejo procedimiento que podría demorarse 90 días y que ya conocen a la perfección después de su primera puesta a disposición judicial el 5 de noviembre.

No hay que olvidar que su relevancia política es ínfima comparada con la del jefe, Puigdemont. Serret (ERC) y Puig (PDeCAT) ya no son nadie en política al dejar su escaño. Lo de Comín (ERC), el exconseller que dejó a la vista de los medios los SMS del expresidente, es diferente. Siempre se ha negado a entregar el acta y no tiene pinta de que cambie de opinión. El foco ahora es alemán, como casi todo lo que sucede en esta Europa. Porque si fueron a Bruselas para denunciar la represión y «abrir los ojos de la Unión Europea» (además, claro, de porque Bélgica es un pseudoparaíso judicial para este tipo de procesos), es posible que sufran un efecto bumerán en el que la UE, que ha criticado con dureza el procés catalán al grito del «nacionalismo es la guerra», se los abra incluso más a ellos. Pese a todo, nada está escrito.

Doble incriminación

Para entender este embrollo jurídico no sólo hay que tener en cuenta el país en el que se van a gestionar las euroórdenes (Bélgica, Escocia y Suiza), sino también el delito por el que están procesados cada uno de ellos. Aquí, Serret y Puig podrían salir bien parados ya que a diferencia de la anterior euroorden, no se les imputa el delito de rebelión. Sólo malversación y desobediencia. Por su parte, Comín y Ponsatí sí están procesados por rebelión, que es el delito más grave con diferencia y que conlleva penas de hasta 25 años de prisión.

Aquí radica el porqué de la gran huida a Bruselas. El delito de rebelión y sedición no está tipificado como tal en el Código Penal belga, lo que dificultaría mucho la extradición. De hecho, este fue el motivo de que el juez Llarena retirase la primera de las euroórdenes emitidas en su día por la Audiencia Nacional. Quería tener todo mucho más atado y evitar que los cinco prófugos fueran enviados a España sólo para ser juzgados de malversación o desobediencia. Cuando se produce una extradición, el país receptor sólo puede juzgar a los implicados por los delitos que dicte el país emisor.

Según la legislación comunitaria, existe un listado de 32 delitos que provocan una extradición casi automática entre países. Aquí no se dan las circunstancias, por lo que hay que basarse en la llamada doble incriminación. Es decir, que los delitos por los que están acusados también lo sean en el Estado miembro en el que se han 'refugiado'. En Bélgica, la rebelión no existe como tal. Pese a todo, el pasado 15 de noviembre, durante la primera vista oral que analizaba el futuro de las primeras euroórdenes, la Fiscalía del país defendió que apoyaba su ejecución por cuatro de los cinco delitos incluidos en su día: rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Quedó fuera la prevaricación. Conviene recordar que este procedimiento es puramente técnico y judicial, para nada político. No intervienen los Gobiernos nacionales, sino que todo va de juzgado a juzgado, de Fiscalía a Fiscalía.

Lo de Suiza es otro mundo. No está en la UE y el procedimiento sigue otros derroteros más complejos. De ahí, la elección de Rovira. Lo de Anna Gabriel, exdiputada de la CUP, es algo más surrealista. Se «refugia» en este país cuando ni siquiera la buscan.

 

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