El Gobierno y los Franco discrepan en el Supremo por el destino de los restos

La Sala de lo Contencioso celebró una vista sobre el «riesgo» de la ubicación final del dictador antes de resolver los recursos

MATEO BALÍN

madrid. El Tribunal Supremo celebró ayer una vista pública en el procedimiento abierto para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que resolverá los cuatro recursos presentados contra la decisión del Gobierno de desenterrar al dictador, escuchó los argumentos sobre la localización de la inhumación.

A día de hoy existen dos opciones en caso de consumarse: la cripta de la catedral de La Almudena, en Madrid, donde los Franco tienen una tumba, o el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, a las afueras de la ciudad, donde se encuentra el panteón familiar y es el lugar elegido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El magistrado y ponente de la futura sentencia, Pablo Lucas, valoró ayer los argumentos de tres expertos que han elaborado el informe pericial aportado por la familia Franco. Los expertos defendieron que los riesgos «se dispararían» si Franco fuese enterrado en El Pardo-Mingorrubio. Y firmaron que en La Almudena la Policía tendría recursos sobrados para frenar a radicales al ser una zona reducida que podrían controlar «perfectamente».

«En el cementerio no hay nada», resumieron los peritos de parte, para quienes allí habría más riesgo de profanación y de actos vandálicos porque «siempre sería una pareja» de agentes la que tendría que frenar el ataque y «el tiempo de reacción» sería mayor. En el caso de La Almudena la Policía Local podría «cortar los accesos» y todo «quedaría reducido a nada», subrayaron.

Del mismo modo, alegaron que la catedral se trata de un área restringida al tráfico (ahora en fase de moratoria hasta septiembre), por lo que, a su juicio, «que haya un colapso fuera de hora es impropio» a diferencia del cementerio de El Pardo, donde el acceso no está limitado.

El abogado de los Franco, Luis Felipe Utrera-Molina, afirmó ayer que el informe pericial demuestra que «los riesgos de seguridad que alega el Gobierno para evitar el deseo de la familia no son tales y son una mera excusa para intentar evitar un emplazamiento» que al Ejecutivo de Sánchez «no le satisface».

Del mismo modo, arremetió contra el Gobierno porque «no puede violar los derechos de la familia» cuando el riesgo de seguridad es mínimo en La Almudena. «Tratan de confundir lo que es la cripta, a la que se entra por la calle Mayor, con la catedral, a la que se accede por Bailén y la Plaza de Armería», explicó.

Por su parte, el abogado del Estado, en defensa de los intereses del Gobierno, reprochó a los recurrentes que no haya tenido en cuenta un informe presentado por la Delegación del Gobierno sobre los riesgos de enfrentamientos entre grupos extremistas o un intento de atentado en 2013 en La Almudena.

La de ayer fue la última vista que celebra el Supremo en esta causa.