El Gobierno declara secreto de Estado la exhumación de Franco

Tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos. :: AFp/
Tumba de Franco en la basílica del Valle de los Caídos. :: AFp

El Ejecutivo se niega por sistema a facilitar cualquier dato sobre este el traslado del dictador en el Portal de Transparencia

MELCHOR SÁIZ-PARDOMADRID.

Ni luz ni taquígrafos. El Gobierno se niega a desvelar públicamente cuáles están siendo sus pasos y gestiones para conseguir la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Es más, el Ejecutivo rechaza dar explicaciones de los informes oficiales que maneja para apoyar el traslado de los restos del dictador o de las conversaciones que mantiene con el Vaticano para conseguir que el cadáver del exjefe del Estado salga en Cuelgamuros.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de la Presidencia, decidió a principios de año decretar un verdadero apagón informativo sobre la polémica exhumación, hasta el punto de que en el Portal de Transparencia, la única vía oficial que los ciudadanos tienen para recabar información veraz al Estado, se han abierto desde el pasado febrero siete expedientes diferentes «denegatorios» sobre peticiones de datos sobre el futuro traslado del cadáver. Según los documentos que obran en poder de este periódico, los dos cargos gubernamentales responsables de responder la solicitud de información de los ciudadanos en este asunto (la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, y el subsecretario de la Presidencia, Antonio Hidalgo), están recurriendo continuamente al artículo 14 de la Ley de Transparencia de 2013 que es el que faculta al Ejecutivo a hurtar a sus ciudadanos información en cuestiones que puedan dañar la «seguridad nacional», la «defensa», las «relaciones exteriores» o «la seguridad pública», entre otras cuestiones. Así las cosas, el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha considerado que no debe entregar a un ciudadano, por ser secreto de Estado, el expediente administrativo que se generó en el Consejo de Ministros del 21 de agosto de 2018 que dio luz verde a la exhumación. Tampoco hará públicos los «documentos y actos administrativos» ligados a aquel Real Decreto ley 10-2018 que inició el procedimiento para sacar a Franco del valle.

El Ejecutivo no se explaya a la hora de justificar al veto al acceso de la ciudadanía a esa información sobre el futuro de los restos del dictador. Se limita a decir que ese expediente que activó la controvertida exhumación es una «información sensible». Justicia, a pesar de que reconocer que «concurre un especial interés público», afirma, no obstante, que este «interés público no justifica el acceso a la misma». La única información para no facilitar esos datos es que ese expediente puede contener «informes jurídicos» con «elementos, análisis y conclusiones jurídicas» que forman parte de los procedimientos judiciales en curso relacionados con la exhumación.

Justicia alega que informar a la ciudadanía sobre los argumentos jurídicos del Estado para sacar a Franco del Valle «podría lesionar los principios de igualdad de las partes y la tutela judicial efectiva». Según el departamento que dirige Dolores Delgado, en la actualidad el Estado está inmerso en quince procedimientos judiciales por este asunto en ocho juzgados diferentes de Madrid.

Las negativas están siendo también persistentes a la petición de información de diversos particulares a conocer el contenido exacto de la correspondencia que el Ejecutivo mantuvo a principios de año con el Vaticano sobre este espinoso asunto.

Las reticencias continuas del Ejecutivo a escudarse en cuestiones de Estado para no dar detalles sobre sus gestiones en este asunto han terminado irritando al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que el pasado miércoles dio un plazo de diez días al Ejecutivo de Sánchez para que haga pública, al menos, la correspondencia que mantuvo con la Santa Sede.