La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide investigar el desvío de fondos por el 1-0

Puigdemont y su gobierno podrían verse obligados a devolver el dinero público utilizado para la consulta, como ya le ocurrió a Mas

A. A.

madrid. Carles Puigdemont puede correr la misma suerte que Artur Mas en el Tribunal de Cuentas. La Fiscalía del órgano fiscalizador ha presentado una demanda contra el dirigente independentista huido en Bélgica y sus exconsejeros por el desvío de dinero público para la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. No se concreta una cifra, pero a tenor de las partidas citadas supera con creces a la señalada también por el Ministerio Público en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por el 'procés', que en ese caso asciende a tres millones.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas contabiliza el gasto por los locales de votación, las papeletas, la inversión en publicidad para fomentar la participación en la consulta ilegal, la acción exterior o el pago a los observadores que debían dar validez legal a un referéndum que, entre otras cosas, se celebró sin censo.

El Tribunal de Cuentas deberá ahora valorar si la acusación es cierta. Y de ser así, se podría reclamar a Puigdemont y su antiguo Govern la devolución solidaria de la cantidad desviada. En el caso de Mas, el tribunal le condenó junto a tres de sus exconsejeros a devolver cinco millones de euros por la consulta del 9-N. La encargada de instruir la nueva causa será la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante.

Recurso ante la ONU

Mientras los tribunales tratan de cercar a Puigdemont a nivel nacional, el expresidente mantiene su obsesión por denigrar la imagen del estado español en el exterior.

El líder independentista puso ayer una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la «suspensión» por parte de las autoridades españolas de sus derechos políticos y de los de otros cinco diputados autonómicos presos o huidos. Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. Ninguno puede participar en las votaciones del Parlament de Cataluña.

Desde Ginebra, Puigdemont explicó a la prensa internacional que la denuncia ante Naciones Unidas quiere evidenciar «las graves violaciones de los derechos y las libertadas en España, lo que en inaceptable en el marco del Estado de derecho de la Unión Europea».

«No lo olviden, seis personas democráticamente elegidas y que todavía no han sido condenadas, cinco de ellas en detención preventiva desde hace más de un año, no pueden ejercer sus derechos», añadió el expresidente catalán.