La Fiscalía investiga la falsificación de pruebas biológicas en vientres de alquiler

Justicia acusa a una de las principales empresas ucranianas de posibles delitos de tráfico de personas, falsedad documental y evasión

MELCHOR SÁIZ-PARDO

madrid. La investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a instancia del Ministerio de Justicia, sobre las presuntas actividades delictivas en servicios de gestación subrogada tiene en su punto de mira a una de las principales empresas ucranianas de vientres de alquiler, especialmente usada por ciudadanos españoles. Según han revelado a este periódico responsables de la investigación, el departamento que dirige Dolores Delgado asegura tener indicios de que esta mercantil habría falsificado informes genéticos sobre paternidad/maternidad, consiguiendo así inscribir como hijos biológicos propios de españoles a menores supuestamente gestados por subrogación que, en realidad, no tenían ningún vínculo con los ciudadanos españoles que los daban de alta. La firma bajo sospecha presta los servicios de gestación subrogada en Ucrania a través de su sede en España y oferta desde hace años sus servicios en su web.

Siempre de acuerdo con las investigaciones emprendidas por el ministerio de Delgado, que está especialmente concernida en este asunto, la supuesta falsificación de pruebas biológicas se vendría realizando desde antes de verano de 2018. Fue entonces cuando el consulado de Kiev, por orden de los nuevos responsables diplomáticos del recién llegado Gobierno socialista, comenzó a denegar las inscripciones de bebés nacidos de madres ucranianas si los futuros padres españoles no presentaban resoluciones judiciales de tribunales locales certificando que los recién nacidos eran efectivamente sus hijos.

Los delitos que el Ministerio de Justicia, indiciariamente, imputa a los responsables de esta firma ucraniana son tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, según tipificación del Código Penal ucraniano.

El departamento que dirige Delgado insiste en que existe «la posibilidad de que en esos terceros países (en referencia a Ucrania) se vulneren los derechos de las mujeres gestantes» y que se haga pasar por hijos «a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas». La denuncia del Ministerio de Justicia -insisten responsables del Ministerio Público- no tiene como objetivo ni a los padres ni a los menores, que habrían sido víctimas de esta supuesta trama, que nunca ha sido investigada en Ucrania y a la que, en principio, solo pertenece una agencia de vientres de alquiler. En cualquier caso, el Gobierno se ha comprometido que sea cual sea el resultado de las investigación «se dará solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor».

Según explicó ayer la Fiscalía General en un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Nacional sería la competente para investigar si los servicios prestados por esta empresa constituyen delitos, ya que la Ley Orgánica del Poder Judicial reserva al tribunal de la calle Génova la potestad de indagar sobre ilícitos cometidos en el extranjero cuando los perjudicados sean ciudadanos españoles.