La Fiscalía desmenuza el plan violento del 'procés' antes de interrogar hoy al «jefe» Junqueras

Momento de la intervención del fiscal Zaragoza durante la segunda jornada del juicio del 'procés'. :: EFE/
Momento de la intervención del fiscal Zaragoza durante la segunda jornada del juicio del 'procés'. :: EFE

El acusador Zaragoza considera el juicio como un respaldo al «orden constitucional» y niega que se persigan las ideas de los procesados

MATEO BALÍN

La Fiscalía del Tribunal Supremo se enfrenta hoy a una de las sesiones marcadas en rojo en el calendario del juicio del 'procés', el interrogatorio a Oriol Junqueras, procesado como «jefe principal» de la rebelión y al que piden 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación.

En ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont, prófugo de la justicia, los fiscales deberán convencer a los siete magistrados del tribunal de que el líder de Esquerra Republicana fue el «promotor» de un «plan concertado» que preveía el uso de la violencia. Un proceso secesionista que tenía como finalidad obligar al Estado a negociar la independencia de Cataluña.

No va a ser una tarea sencilla para los acusadores públicos, quienes tendrán que sostener con eficacia los hechos concretos que imputan a Junqueras. Esto es, su papel central como arquitecto del 'procés' e impulsor de esa movilización necesaria para concretar los objetivos separatistas durante septiembre y octubre de 2017. Un órdago cuyo brazo ejecutor era la activación de una «masa de fuerza» ciudadana y policial (Mossos d'Esquadra) para enfrentarse «con éxito» a las fuerzas de seguridad del Estado, según considera la Fiscalía.

Pero antes del trascendental interrogatorio de hoy, los fiscales del Supremo calentaron ayer motores. Javier Zaragoza y Fidel Cadena sacaron toda la artillería argumental para rebatir la vulneración de derechos fundamentales denunciada en la primera sesión del juicio por las defensas de los 12 procesados.

Lo hicieron, sobre todo Zaragoza, con mucha vehemencia. Una puesta en escena que, en el tono y en las formas, sonó más bien a una suerte de informe de conclusiones finales. Un trámite previsto para la última sesión de cualquier vista oral. Por otra parte, la exposición de ayer fue tan clara, profunda y directa que deja poco margen de maniobra a cualquier intento de rebajar el delito de rebelión atribuido a nueve de los acusados.

Zaragoza, un fiscal curtido durante años en la jefatura de la Audiencia Nacional -terrorismo, narcotráfico o crimen organizado-, se explayó durante una hora ante el tribunal. Entre sonoros matices grandilocuentes, aseguró que este es un juicio «en defensa de la democracia española y del orden constitucional», y advirtió de que «nadie está por encima de la ley». «Nadie es o ha sido perseguido por sus ideas», respondió a los abogados más activos de la defensa, que el martes plantearon la vista como una «causa general» al independentismo. «Nada más lejos de la realidad», añadió frente a los que dijeron que se va a juzgar «la capacidad de la democracia para tolerar la discrepancia política y la protesta ciudadana».

«Muros humanos»

Para Zaragoza, este no es un juicio político y exponer lo contrario «es una falacia de colosales dimensiones que debe ser proclamada a los cuatro vientos». Recalcó que el ejercicio de los derechos políticos no justifica sustituir la Constitución por una «legalidad paralela», «imponer coactivamente un proceso de segregación territorial», desobedecer al Tribunal Constitucional y «llamar, promover o agitar a miles de ciudadanos que, como muros humanos, han protegido urnas y centros electorales sabiendo que se les abocaba al choque violento».

Su compañero Fidel Cadena, que coincidió con Zaragoza en la misma promoción universitaria en la capital aragonesa entre 1972 y 1977, abundó en la consumación de la violencia durante el 'procés'. Contó que su uso estaba previsto desde el comienzo, como apunta el documento 'Enfocats', incautado en el despacho del investigado Josep María Jové y que establecía la hoja de ruta secesioni sta. Según Cadena, se trata de una comunidad que, «desde la más absoluta unilateralidad», decidió separarse de España. Un «cóctel explosivo» que obligó a activar el artículo 155, ya que «no existía otra posibilidad de volver a la legalidad».

Mucho más lineal y técnica fue la representante de la Abogacía del Estado. Rosa María Seoane no entró en cuestiones de calado, quizá porque el papel de los servicios jurídicos dependientes del Ministerio de Justicia ha sido muy cuestionados, después de que se decantaran por acusar solo por sedición (delito contra el orden público) y no por rebelión (delito contra el orden constitucional).

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