La Fiscalía respalda que la agresión de Alsasua fue «un ataque ideológico»

Rubén Múgica (2d), abogado del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE), entre otros letrados de la acusación. / Efe

Las defensas ponen en duda la parcialidad del tribunal juzgador, las lesiones y la rueda de reconocimiento en la vista final en el Supremo

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Fiscalía mantuvo este miércoles su tesis acusatoria en la vista celebrada en el Tribunal Supremo sobre la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a ocho jóvenes de Alsasua (Navarra), a penas de entre dos y 13 años de cárcel, por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016.

Una vez asumido que no hubo motivaciones terroristas en los hechos, el Ministerio Público respaldó que las víctimas fueron atacadas por ser miembros de una institución «fiel al Rey y al pueblo español», es decir, por motivos «ideológicos». El fiscal del Supremo Álvaro Redondo reclamó mantener la condena del tribunal de instancia por delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, a las que se sumó el agravante de odio que endureció las penas definitivas.

El Ministerio Público no presentó recurso de casación contra la resolución dictada por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, sino que tan sólo impugnó los escritos presentados por las defensas. Pese a ello, el fiscal fue contundente en la respuestas a los abogados de los acusados, a quienes recordó que la Guardia Civil «no es una asociación de amigos que se reúne para comer un asado», sino una «institución del Estado que asume los valores constitucionales y es fiel a España, al Rey y al pueblo español».

Espejel y el tobillo roto

Esta consideración fue rebatida por las defensas. Por ejemplo, el abogado José Luis Galán puso en duda las razones ideológicas del ataque y la aplicación del agravante de odio al delito de atentado a la autoridad. Su compañera Amaia Izco, que 48 horas antes llegó a un acuerdo con la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el sumario del llamado «frente de cárceles» de ETA, denunció la vulneración del derecho a un juez imparcial. Se refería, en concreto, a que la presidenta del tribunal juzgador, Concepción Espejel, fue condecorada por la Guardia Civil y es esposa de un coronel del Cuerpo.

La letrada Izco también cuestionó que se tratara de uan «brutal agresión» cuando la lesión más grave fue la rotura de un tobillo. Y su colega Arazt Urriola señaló las irregularidades de los reconocimientos fotográficos, a la postre una diligencia clave para identificar a los condenados, en su mayoría en prisión preventiva. El tribunal del Supremo que estudiará los recursos estuvo presidido por Andrés Martínez Arrieta y el ponente de la sentencia será Vicente Magro.