El fiscal ordena a los Mossos incautarse del material del 1-0 en los colegios electorales

Las instrucciones que, por primera vez forzarán al cuerpo autonómico a actuar de una manera visible en contra del referéndum si los agentes no quieren ser acusados de desobediencia, partieron del fiscal jefe de Cataluña, José María Romero de Tejada, y tenían como destinatario expreso al 'major' del cuerpo catalán, Josep Lluís Trapero. Pero Trapero no acudió ayer a la reunión, por lo que el 'mando único' del despliegue contra el referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, tuvo que comunicárselas al número tres de los Mossos, el comisario Ferrán López, sustituto de Trapero durante este primer encuentro en la Delegación del Gobierno en Barcelona.

Según fuentes del encuentro, la mano derecha del 'major' acudió a la reunión con la única intención de insistir en la necesidad de poner en marcha órganos de coordinación que no estuvieran bajo el control del Ministerio del Interior, pero sus peticiones solo tuvieron como respuesta los cuatro folios firmados por el fiscal superior con la inmediata movilización de los Mossos como policía judicial.

Según estas disposiciones, los agentes autonómicos deberán acudir a todos los «centros educativos o administrativos» designados como «colegios electorales» e identificar a los «responsables» de los mismos. Estas personas serán interrogadas para saber si han recibido alguna notificación para colaborar con el referéndum y, en caso afirmativo, entregar toda la «documentación» sobre esa designación, incluyendo los nombres de las personas de «contacto» que les habrían comunicado que su centro el domingo debe albergar urnas.

Las órdenes transmitidas por el coronel a los Mossos son tajantes: En el caso de que el colegio haya «recibido algún tipo de material se procederá a su inmediata intervención», ya sean «papeletas, urnas, listados de votantes u ordenadores», entre otros efectos.

La Fiscalía presta especial atención a las llaves de los centros. Al margen de apercibir a los responsables de los colegios de que prestar las llaves puede ser colaboración en un delito, les avisa de que, en el caso de que ya las hayan entregado a los voluntarios, tienen la «obligación» de impedir la apertura del centro y que tienen que «denunciar sin demora a la Policía la presencia de personas en las instalaciones ajenas al mismo».

Serán también los Mossos los que informen a esos responsables de los colegios de que es «rotundamente falso» que una «comunicación administrativa», como pudiera ser la de la Generalitat, les «exima» de responsabilidades penales si colaboran en la preparación del referéndum.

Esos mismos responsables de los centros deberán informar de inmediato de cualquier «amenaza o «coacción» para abrir las instalaciones el domingo.

En la reunión de coordinación, apuntaron fuentes del encuentro, solo se abordaron los movimientos policiales «previos» al próximo domingo. En cualquier caso, el Ministerio del Interior no tenía intención de desvelar en este encuentro con los Mossos datos sobre el despliegue que ultima para el caso de que la policía autonómica no actúe en los colegios electorales el 1-O.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido concluyó ayer el despliegue en Cataluña de más de 2.000 agentes de las Unidades de Intervención dela Policía (UIP, antidisturbios). Se trata de un operativo sin precedentes, ya que este contigente representa el 75% de la fuerza antidisturbios que tiene el Cuerpo Nacional de Policía (2.700 funcionarios) en toda España.

Según los planes de Interior, los UIP de la Policía, que están acantonados en dos barcos atracados en el puerto de Barcelona y en una tercera nave en el puerto de Tarragona, serán la «punta de lanza» contra el referéndum si los Mossos no llegaran a neutralizar todos los colegios o los agentes autonómicos hicieran «dejación de sus responsabilidades» en contra del 1-O.

El otro eje que el Ministerio del Interior tiene previsto movilizar el próximo domingo para, llegado el caso, impedir la apertura de los colegios son los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil y sus 600 funcionarios ya trasladados a Cataluña.