La fiscal general defiende la «firme» actuación contra el 'procés' antes del juicio

María José Segarra, Carlos Lesmes, el rey Felipe VI y la ministra de Justicia Dolores Delgado, ayer, en la apertura del año judicial. :: ep/
María José Segarra, Carlos Lesmes, el rey Felipe VI y la ministra de Justicia Dolores Delgado, ayer, en la apertura del año judicial. :: ep

Segarra avisa de que defenderá su autonomía en el caso de que el Gobierno quiera rebajar las peticiones de pena en el escrito de acusación

MATEO BALÍN MADRID.

La posición de la nueva fiscal general del Estado con respecto a la causa del 'procés' catalán es un tema recurrente en el debate político. ¿Influirá el diálogo del Gobierno con la Generalitat en la posición del Ministerio Público con respecto al juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo? ¿Se consumará la posibilidad, alentada desde el entorno independentista, de que la Fiscalía corregirá el criterio sobre los delitos cometidos y suavizará sus peticiones de prisión?

Son preguntas que flotan en el aire y que ayer, a escasos meses de la celebración de la vista oral contra la veintena de procesados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y/o desobediencia, la fiscal general, María José Segarra, dedicó un apartado en su discurso en la apertura del año judicial, un solemne acto presidido por el rey Felipe VI en el Supremo.

Segarra, propuesta para el cargo por el Gobierno socialista en sustitución de Julián Sánchez Melgar, defendió la «firme actuación» de su departamento hasta la fecha y recordó la tarea de los jueces y de la Abogacía del Estado en esta causa. «Asistimos a un desbordamiento del orden constitucional y estatutario, impidiendo el cumplimiento de las resoluciones administrativas y judiciales que se encontró con la firme actuación de las Instituciones del Estado en su inequívoco compromiso con el principio de legalidad», aseguró en su discurso. Para la fiscal general, cuyo departamento deberá presentar en los próximas días su escrito provisional de acusación contra los líderes independentistas en el juicio, previsto entre noviembre y enero próximo, «las legítimas aspiraciones políticas de una parte de la sociedad -que estos días se reivindican especialmente (en referencia a la Diada en Cataluña de hoy)- deben ser encauzadas a través del ordenamiento jurídico. No hay nada más democrático que la ley, ya que la ley nos vincula a todos. España tiene un sistema judicial fuerte, sólido al servicio del Estado de Derecho y un Ministerio Fiscal que actúa con absoluta autonomía y solamente al servicio del principio de legalidad», aseguró Segarra en su intento de marcar distancias con el Poder Ejecutivo, como ya hizo en su comparecencia en el Congreso en julio.

«Momento delicado»

Con mayor contundencia, quizá porque no interviene de forma directa en la causa y está a escasos meses de concluir su mandato, Carlos Lesmes centró su discurso en las graves consecuencias del 'procés'. El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo señaló que, desde un punto de vista social y político, «nuestro país está atravesando uno de los momentos más delicados de su historia reciente» y defendió, dirigiéndose al Rey, «la impronta de la Constitución como fundamento de nuestra libertad y convivencia, sobre todo cuando de forma interesada se devalúa su valor normativo o cuando se intenta erosionar la legitimidad del Poder Judicial mediante acciones que exceden la libertad de expresión o el derecho de defensa».

El discurso de Lesmes estuvo trufado de menciones propias de quien concluye en diciembre su periplo. Mencionó la reforma de la Constitución o el excesivo protagonismo que se ha entregado a los jueces en el tema catalán en contraposición con la acción de los políticos. Una crítica muy extendida en el Supremo que Lesmes verbalizó ayer. También apoyó sin matices todas y cada una de las actuaciones que se han tomado hasta el juicio del 'procés' y recordó a los compañeros que han sufrido amenazas personales por ello.

«Los jueces asumimos con abnegación, prudencia y responsabilidad el protagonismo que nos encomienda la sociedad para su defensa», leyó Lesmes, para quien «el Estado democrático de Derecho no admite disgregaciones entre ley y democracia ni entre democracia y Poder Judicial». Asimismo, la cabeza visible de la judicatura consideró que «cuando la Constitución resulta golpeada no puede renunciar a defenderse, pues ello comportaría renunciar a la defensa de sus principios configuradores y del Propio Estado, que es democrático y de Derecho».

Lesmes también tuvo tiempo para referirse a la «grave incertidumbre» generada por la resolución del tribunal territorial alemán con respecto a la orden europea de detención y entrega de Puigdemont, lo que ha provocado daños en «ciertos instrumentos de cooperación judicial basados en la confianza mutua».

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