El fallo considera que el expresidente no fue «líder espiritual» de acciones violentas

JUAN CARLOS BARRENA BERLÍN.

El lado positivo para la justicia española, si es que lo hay, es que la alemana concede la extradición de Carles Puigdemont. El negativo, que solo lo hace por el presunto delito de malversación. La Audiencia Superior del estado federado de Schleswig-Holstein, en cuyo territorio fue detenido el dirigente independentista el pasado marzo, comunicó ayer que «no procede» su entrega por el delito de rebelión. «Los actos de los que es acusado el antiguo presidente del Gobierno catalán no cumplen el delito tipificado en Alemania de alta traición, pero tampoco el de alteración del orden público», señala el comunicado emitido por el tribunal germano y firmado por la jueza Frauke Holmer. Los magistrados alemanes subrayan que «la dimensión de la violencia que contempla la tipificación de la alta traición nunca fue alcanzada por los disturbios en España». Tras constatar que «hay que descartar el delito de alteración del orden público», establecen que «Puigdemont solo trató de celebrar el referendum» y no ejerció como «líder espiritual» de acciones violentas.

A la hora de descartar la violencia que justificaría el procesamiento del líder independentista por rebelión, la corte alemana señala que la consulta del 1 de octubre «no podía haber conducido inmediatamente a la separación de España y según la voluntad de Puigdemont iba a ser el preludio de nuevas negociaciones». En ese sentido, la sentencia añade que «especialmente los violentos enfrentamientos ante una serie de locales electorales entre personas que querían votar y la Guardia Civil o la Policía Nacional no alcanzaron la cualidad de amenazar seriamente el orden constitucional de España». Además, destaca que no «se ha podido apreciar, en base a las informaciones recibidas, que llegasen a producirse enfrentamientos entre los Mossos d'Esquadra y las fuerzas del Gobierno central. Por el contrario, la Audiencia Superior considera que sí procede la extradición por la acusación de malversación de fondos públicos y que ni tan siquiera es necesario verificar la equiparación de las legislaciones alemana y española por tratarse de un delito tipificado en la decisión marco de la Unión Europea en materia de cooperación judicial. El tribunal «ha podido apreciar claramente que Puigdemont es corresponsable de aceptar compromisos financieros a costa de las arcas públicas» y que era consciente de que la celebración de un reférendum «costaría un dinero» cuyo pago afectó a las arcas públicas.

La sentencia da un rapapolvo al expresidente catalán cuando descarta que la petición de extradición tenga como fin perseguir políticamente Puigdemont. Es más, zanja que «está fuera de lugar afirmar algo así del Estado español, miembro de la comunidad de valores y el espacio jurídico común de la Unión Europea».

 

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