Exteriores exige a la justicia que cierre las 'embajadas' catalanas en Londres, Berlín y Ginebra

Mantiene que estas delegaciones buscan difundir el relato independentista y denigrar la imagen de España

A. AZPIROZ

madrid. Nuevo golpe del Ministerio de Exteriores contra las 'embajadas' de la Generalitat. La Abogacía del Estado presentó ayer un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la reapertura de estas delegaciones en Londres, Berlín y Ginebra. Se trata de tres de las capitales más importantes con presencia oficial del Gobierno catalán junto a París, Bruselas, Washington o Roma.

Esta red de oficinas se puso en marcha durante la etapa de Carles Puigdemont al frente del Ejecutivo autonómico. Aprovechando la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Gobierno de Mariano Rajoy ordenó el cierre de todas, salvo de la de Bruselas. Pero Quim Torra mandó volver a ponerlas en funcionamiento nada más ser investido presidente.

Hay abiertas en torno a una quincena. Las últimas en ser anunciadas la semana pasada fueron las de Argentina, México y Túnez. Exteriores anunció de inmediato un recurso, como el que ha presentado ahora, para evitar su inauguración.

En el recurso de la Abogacía del Estado se plantea que estas 'embajadas' «se encuentran en funcionamiento y contraviniendo de forma evidente con su actividad entre otros, un título competencial y exclusivo del Estado, como las relaciones internacionales». Según la Constitución, la política exterior es una competencia exclusiva del Estado central, si bien la ley permite la creación de oficinas autonómicas.

La solicitud del ministerio señala que el restablecimiento de las delegaciones exteriores de la Generalitat persigue un «fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio, además, para la política exterior de España».

Las oficinas de Londres, Berlín y Ginebra contravienen, aún más si cabe, el orden constitucional, según argumenta el departamento que dirige Josep Borrell. Su actividad, dice la diplomacia española, «responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en reiterados pronunciamientos».

Desde el Ejecutivo catalán se expresó total tranquilidad frente a la ofensiva diplomática. «Estar presentes en el mundo no es solo nuestra voluntad, sino nuestra obligación», declaró ayer a AFP el responsable catalán de Exteriores, Alfred Bosch, quien añadió que la actividad de las oficinas es «legal y legítima».