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El Ejecutivo investiga cómo se financia Puigdemont en Bruselas

El expresidente garantiza que su estancia se costea con dinero que sale de su bolsillo y de su entorno

N. VEGA / C. REINO

Sábado, 3 de marzo 2018, 00:16

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madrid / barcelona. El Gobierno investiga cómo financia Carles Puigdemont su estancia en Bruselas desde que el 30 de octubre abandonó Cataluña. Fuentes del Ejecutivo pretenden cerciorarse de que no emplea dinero público para costear la residencia del expresidente catalán y cinco de sus consejeros fugados para no declarar ante el Supremo. En la Moncloa están convencidos de que darán con el origen de los fondos: «Lo sabremos».

Desde el Gobierno ya se había advertido el jueves, tras el pleno del Parlamento de Cataluña que votó el reconocimiento simbólico de Puigdemont, que velaría por «el uso correcto» de los recursos del Estado. «Un fugado de la justicia -avanzaron las mismas fuentes- no va a vivir a costa del erario público».

El líder de Junts per Catalunya piensa ya en las atribuciones que prevé la ley de la Presidencia de la Generalitat para poder mantener la estructura del 'Gobierno catalán en el exilio' de Bruselas. Por ley, cuando un jefe del Ejecutivo autonómico abandona el cargo tiene derecho a contar con una oficina de expresidente, que se compone de un local, tres empleados, escolta y una dotación económica para mantener sus actividades. Así es en el caso de Artur Mas y José Montilla, y también lo era en el de Jordi Pujol hasta que tuvo que renunciar tras reconocer que tuvo su fortuna en paraísos fiscales.

Puigdemont, que por no tener que admitir su condición de 'ex' renunció en su día al sueldo que le correspondía por haber estado al frente de la Generalitat, afirmó ayer que cuando la Cámara catalana elija a su sucesor pasará a aceptar el título: «En cuanto haya presidente, me consideraré expresidente». En ese momento cree que podría reclamar sus derechos económicos.

Ni un euro

Dio a entender que utilizará sus atribuciones para mantener el Consejo de la República. De momento, aseguró que toda la estructura que ha puesto en marcha en Bruselas y Waterloo la pagan de su bolsillo él y su entorno, en este caso el empresario Josep Maria Matamala Alsina, que le acompaña en todo momento desde que está en Bélgica. «No hay ni un euro público», zanjó en Rac-1.

Eso es lo que quiere comprobar el Gobierno, que niega toda validez a la organización montada por Puigdemont. «No existen estructuras paralelas, las estructuras institucionales son las que establecen la Constitución y el Estatuto, lo otro es fantasmagoría», afirmó el portavoz del Ejecutivo. Íñigo Méndez de Vigo.

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