Una dependencia de 80.000 millones de deuda en manos del Estado

Hasta este año, la Administración Central, a través del Ministerio de Hacienda, ha inyectado una dosis de liquidez que ya se encuentra en los 78.361 millones de euros. Esta cuantía representa casi una tercera parte del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que el Estado ha habilitado a las regiones que lo necesitaban para evitar su quiebra técnica, ante la imposibilidad de acudir a los mercados internacionales a financiarse, como ocurría de forma recurrente antes de la crisis.

Solo se le aproxima a esta deuda estatal la que mantiene la Comunidad Valenciana con el FLA, aunque no supera los 59.000 millones, o Andalucía, con algo más de 39.000 millones de euros. Aunque todas las comunidades han acudido a esta herramienta de rescate público para poder seguir pagando las nóminas de sus funcionarios, así como todos los servicios públicos básicos (educación, sanidad, seguridad o dependencia), Cataluña ha sido la región más beneficiada. Aunque, en algunas ocasiones, los responsables de la Generalitat han llegado a amagar con no tener por qué abonar esa deuda si finalmente se consumara la independencia.

De hecho, la semana pasada, el Ministerio de Hacienda y la Generalitat acordaron, dentro del marco de la comisión bilateral entre ambas administraciones, que no se reunía desde 2011, impulsar la tramitación de autorizaciones para refinanciar deuda a corto plazo (con un vencimiento inferior a un año) y convertirla en deuda a largo plazo. Se hará por un importe de 2.773 millones de euros. De esta forma, se sanea la totalidad de la deuda a corto plazo de carácter estructural que Cataluña tenía en sus manos. Y lo hará bajo el paraguas del FLA.

Este mecanismo cuenta con la ventaja de que las comunidades que se acogen a él pueden financiar sus compromisos financieros con el Estado a un interés muy bajo, sin la presión que ejercerían los mercados internacionales, mucho más pendientes de cualquier movimiento en las cuentas públicas para elevar los tipos de interés que piden a las administraciones de lo que lo vaya a hacer el Estado.

Este tipo de movimientos, como el acordado en la comisión bilateral de la semana pasada, son los que han permitido que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) pusiera en agosto en perspectiva positiva el 'rating' de Cataluña (B+) ante la posibilidad de la comunidad autónoma de conseguir refinanciar su deuda a corto plazo, como finalmente ha ocurrido. «Pensamos que la refinanciación exitosa de la deuda a corto plazo de Cataluña podría reducir las posibilidades de un incumplimiento de la deuda debido a la falta de coordinación entre la región y el Gobierno central español, un escenario que actualmente pesa sobre la calidad crediticia de Cataluña», ha argumentado S&P.

El verdadero problema que los responsables de la Generalitat exponen continuamente ante el Estado sigue siendo el del modelo de financiación. Los actuales dirigentes catalanes aspiran a un sistema como el que tienen actualmente País Vasco y Navarra, con la recaudación de todos los impuestos y la posterior liquidación por los servicios prestados por la Administración Central a través de un cupo.

Pero la de la financiación autonómica es una cuestión que, por ahora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no parece que vaya a tocar. Sánchez ha reconocido en varias ocasiones que su Ejecutivo no va a poder «renovar» el sistema en los dos años que restan de legislatura por la falta de acuerdo político entre los partidos que gobiernan todas las regiones.