El Constitucional prohíbe a los partidos recabar datos de los ciudadanos

A. A.

madrid. Las fuerzas políticas no podrán recabar datos personales de los ciudadanos para utilizarlos después en beneficio electoral. El pleno del Tribunal Constitucional ha declarado contrario a la Carta Magna y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Loreg), que daba esta facultad a los partidos. Esta posibilidad fue aprobada hace un año en el Congreso con la única oposición de Unidos Podemos.

La corte de garantías se ha pronunciado con especial rapidez después de que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ordenase presentar un recurso constitucional, al que finalmente se ha dado la razón por unanimidad del pleno en una sentencia cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido.

«El Defensor del Pueblo muestra su satisfacción con esta sentencia del Tribunal Constitución porque avala la tesis de la institución y refuerza la protección de derechos tan importantes como la intimidad, la libertad ideológica y la participación política», señaló este organismo público a través de Twitter.

En el texto de su recurso, el Defensor del Pueblo urgía a poner coto a «la utilización de estas técnicas para modular, cuando no manipular, opiniones políticas evidencia la necesidad de que las garantías normativas y las limitaciones legales sean contundentes, precisas y efectivas en lo que se refiere a la recopilación y tratamiento de los datos personales relativos a las opiniones políticas».

¿Interés público?

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, asociación creada para el seguimiento y difusión de ataques a la libertad de expresión e información, mostró su satisfacción de que se declare «la inconstitucionalidad del perfilado ideológico de los votantes por parte de los partidos».

El artículo 58 bis de la Loreg establece que «la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas».