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P. DE LAS HERAS / N. VEGA
MADRID.
Lunes, 12 de febrero 2018, 00:56
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El Congreso empieza a desperezarse poco a poco tras meses de parálisis. A un año para las elecciones autonómicas y municipales, los principales partidos son conscientes de que no se pueden permitir el lujo de lanzar el mensaje de que sólo Cataluña importa y han decidido reactivar iniciativas legislativas guardadas en un cajón. Incluso el PP asegura estar dispuesto a tragarse el miedo a perder votaciones que evidencien su debilidad numérica con tal de demostrar que tiene propuestas sobre cuestiones relevantes para los españoles.
La falta de acuerdo entre las fuerzas independentistas para investir a un nuevo presidente de la Generalitat aún dificulta a los grandes partidos su anhelo de abandonar el bucle en el que quedaron sumergidos en el último periodo de sesiones. La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, se quejó con amargura de ello el pasado viernes. «Tienen que ponerse ya, y ya es ya, en que haya un Gobierno para afrontar los problemas de los catalanes y de paso liberar la política española», dijo.
Para empezar, de la resolución de la crisis catalana depende en buena medida el desbloqueo de las negociaciones presupuestarias. «Es la causa clara, manifiesta y explícita que ha impedido que tengamos la aplicación normalizada de unos Presupuestos», lamentó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el pasado 24 de enero en su comparecencia en el Congreso. El Gobierno asume que mientras no se constituya la nueva Generalitat y se levante el artículo 155 en Cataluña, restablecer los vínculos con el PNV en la Cámara baja resulta prácticamente imposible. Y habiendo marcado Mariano Rajoy como fecha límite el 31 de marzo para la aprobación del proyecto en Consejo de Ministros, fuentes gubernamentales reconocen complicado poder actualizar este año las cuentas.
Aun así, hay síntomas halagüeños sobre la posibilidad de comenzar a pasar página en el Congreso. Por primera vez en meses, la sesión de control al Gobierno de este miércoles no contiene preguntas sobre Cataluña. Ni tan siquiera el diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, interroga, al menos explícitamente, al Ejecutivo sobre la situación política catalana. Esta vez se centra en el convenio firmado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa para «reforzar la imagen de las Fuerzas Armadas y la Corona».
Los partidos, además, han dado muestras de estar dispuestos a acabar con la práctica que ha permitido meter en el 'congelador' decenas de iniciativas legislativas ampliando hasta la saciedad los plazos de enmiendas. El grueso de la oposición culpa del bloqueo al PP y Ciudadanos porque es la Mesa (en la que juntos tienen mayoría absoluta) la que tiene que dar el visto bueno a la prórroga, aunque fuentes del órgano de gobierno del Congreso sostienen que, en ocasiones, la solicitud ha venido del PSOE.
El principal partido de la oposición, en todo caso, lleva tiempo protestando por la demora en la tramitación de los textos. De hecho, el pasado junio ya presentó una propuesta de reforma del Reglamento para impedir que se puedan encadenar prórrogas hasta el infinito. Esta semana, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, mantendrá un encuentro informal con los portavoces de los grupos políticos para trasladarles que hay que salir del bloqueo y que está en su mano conseguirlo vía acuerdos.
En realidad, la llave para decidir en qué medida se agilizan los trabajos del Parlamento la tiene Ciudadanos. Si el PSOE consigue convencerle de que hay que empezar a tramitar iniciativas que permitan revertir algunas de las políticas desarrolladas por el PP durante la legislatura de la mayoría absoluta, el pataleo del partido gubernamental no servirá de nada. En ese limbo están ahora la contrarreforma de la ley del Tribunal Constitucional que dio a este órgano capacidad ejecutoria, la de la llamada 'ley mordaza' o la del estatuto de los trabajadores.
De momento, ya empieza a haber propuestas que superan la barrera. Este mes, por ejemplo, el pleno ha admitido a trámite la iniciativa legislativa popular sobre la renta mínima de 426 euros promovida por los sindicatos hace un año, después de más de veinte ampliaciones del plazo de enmiendas. Tanto el PP como Ciudadanos votaron en contra, pero se quedaron en minoría con 167 votos frente a los 177 del resto de fuerzas políticas.
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